REORGANIZAR EL
SISTEMA DE CUIDADOS:
CONDICIÓN NECESARIA
PARA LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA Y EL AVANCE
DEMOCRÁTICO
Por María Pazos Morán y Bibiana Medialdea

 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

ÍNDICE
Presentación................................................................................................................................................... 3
Resumen del documento.............................................................................................................................5
I. LA CRISIS DE CUIDADOS:
¿QUÉ SOCIEDAD QUEREMOS? ..................................................................................................................11
II. REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS AHORA:
UN EJE ESTRATÉGICO PARA LA SALIDA DE LAS CRISIS...................................................................17
III. EL SISTEMA ACTUAL DE CUIDADOS:
DERROCHE DE RECURSOS, CAUSA DE PROBLEMAS
Y ORIGEN DE DESIGUALDADES..............................................................................................................22
IV. PROPUESTA DE UN NUEVO SISTEMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
Y A LA DEPENDENCIA:
ATENDER LAS NECESIDADES Y RECONOCER LOS DERECHOS.......................................................27
V. EL MOMENTO DEL CAMBIO ES AHORA:
VIABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA...................................................................................36
VI. LAS AUTORAS....................................................................................................................................... 43

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 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

PRESENTACIÓN
Este documento responde a una solicitud de Podemos. La demanda concreta consistía en un
texto que sirviera de marco para abrir, tanto dentro como fuera de la organización, el debate
sobre cómo abordar la necesaria reforma del sistema de cuidados.
Esperamos que este trabajo que presentamos sirva para tal efecto, y que a su vez contribuya
a situar el tema de la crisis de cuidados y sus posibles alternativas en la agenda política y
mediática. El contenido íntegro del documento es exclusiva responsabilidad de las autoras,
por lo que Podemos no asume con él ningún compromiso. Nuestra aspiración, no obstante, es
que el análisis que desarrollamos nutra las discusiones programáticas venideras y sea tenido
en consideración a la hora de diseñar los programas con los que Podemos concurrirá a las
próximas citas electorales.
Una reorganización del sistema de cuidados como la que se propone en las siguientes páginas
implica una trasformación económica de hondo calado. Partimos de la convicción de que
nuestro país precisa de un urgente y profundo cambio económico, que priorice los derechos
y condiciones de vida de la mayoría social. En ese sentido, compartimos en líneas generales
el análisis realizado por Torres y Navarro en su documento “Un Proyecto Económico para la
Gente”, que también contiene las medidas aquí propuestas. En realidad, lo que aquí hacemos es
abordar la concreción de ese nuevo proyecto económico democrático que necesita este país en
el ámbito de los cuidados.
Este documento se nutre de fuentes diversas. Por un lado, es fruto de la una larga trayectoria
de investigación en el campo del impacto de las políticas públicas y los sistemas de bienestar
sobre la (des)igualdad, en gran medida recogida en el libro Desiguales por Ley1. También es
deudora de la influencia de las contribuciones teóricas que se vienen desarrollando en el
ámbito de la economía crítica en general, y la economía feminista en particular. Por último,
el aprendizaje gestado en el seno de distintos colectivos, como la Plataforma por Permisos
1   Pazos Morán, María (2013): “Desiguales Por Ley. Las Políticas Públicas Contra La Igualdad De Género”. Ed. Catarata.

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Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), el Forum de Política Feminista o el
Colectivo Novecento, entre otros.
El actual sistema de cuidados genera perjuicios importantes en toda la población y coloca en
situaciones dramáticas a algunos colectivos especialmente vulnerables. Nuestro sistema de
protección social está incompleto, y en la actualidad la situación se ha tornado insostenible.
Las mujeres hace tiempo que nos incorporamos al empleo y a la vida pública, mientras que la
demanda de cuidados no sólo no se ha reducido, sino que crece vertiginosamente y lo seguirá
haciendo. En efecto, las proyecciones demográficas, económicas y medioambientales advierten
de un futuro más que crítico. Una opción política con ambiciones de gobierno que no se dotara
de una hoja de ruta para atajar la situación, estaría cometiendo una grave irresponsabilidad.
La responsabilidad política exige afrontar el problema, estudiarlo con rigor, considerando la
necesidad de garantizar los derechos de todos los colectivos sociales implicados, y apostar por
propuestas concretas, viables y eficaces.
En democracia, la estricta coherencia con los principios básicos de la política social exige que
el sistema de cuidados garantice la protección social y los derechos de todas las personas.
Cualquier fuerza política que trabaje por una sociedad más justa debiera asumir este objetivo
como prioritario.
Por otra parte, más allá del imprescindible análisis de diagnóstico, pensamos que el
momento político impone (afortunadamente) la urgencia de plantear medidas concretas y
pragmáticas que permitan reorganizar el sistema de cuidados en coherencia con los valores
que defendemos. En el texto se abordan con precisión cuáles son las medidas necesarias para
lograrlo.
Todas las propuestas concretas van acompañadas de evidencia histórica internacional sobre
sus efectos. Por suerte, hay países que han recorrido ya un buen trecho de este camino de
reformas, y que nos aportan experiencia suficiente como para avanzar con seguridad. Más
aún, en nuestro país, la mayoría de las reformas propuestas en este documento han sido ya
reconocidas como necesarias de una u otra manera por gobiernos anteriores o por el Congreso
de los Diputados. Falta la apuesta decidida por el cambio de modelo y la voluntad política de
construir un sistema que permita ejercer los derechos y aspiraciones por los que se define
claramente la ciudadanía.
La tarea de transformar un país no es fácil, pero ya está en marcha. Una sociedad democrática
es aquella que es capaz de analizar, debatir y decidir las cuestiones básicas que determinan
su existencia. El sistema de cuidados está en el centro de estas cuestiones. Abramos, pues, el
debate.

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RESUMEN DEL DOCUMENTO
Este documento se realiza a petición de Podemos, con la intención de abrir el debate y situar
en la agenda política la necesaria reorganización del sistema de cuidados. Además de un
diagnóstico del sistema actual y una explicación razonada de los aspectos que exigen su
urgente reforma, el documento incluye los elementos básicos que debieran conformar el nuevo
sistema de cuidados, así como las medidas necesarias para su implementación. Se trata de la
propuesta que realizan las autoras firmantes.
I. LA CRISIS DE CUIDADOS: ¿QUÉ SOCIEDAD QUEREMOS?
Nos enfrentamos a una situación de grave emergencia. Las políticas neoliberales están
provocando incontables sufrimientos y socavando los propios cimientos de los sistemas de
protección social que se habían ido construyendo desde mediados del siglo XX. Es urgente
revertir los recortes de los últimos años.
Sin embargo, revertir los recortes no es suficiente, y ni siquiera lo es mejorar la protección
de los servicios públicos y prestaciones sociales que teníamos con anterioridad. No podemos
contentarnos con una política social en la que necesidades perentorias de las familias estaban
desatendidas (especialmente la atención a la dependencia y a la infancia) y muchos grupos
sociales estaban excluidos de derechos fundamentales. La gran asignatura pendiente de
nuestro sistema de bienestar, si queremos una sociedad democrática, es la inclusión de estas
necesidades aún no atendidas y de los derechos aún no reconocidos. Para ello la clave está en
reorganizar el actual sistema de cuidados.
El fenómeno conocido como la “crisis de cuidados” es más que evidente, aunque en el ámbito
político y de los medios de comunicación todavía no se le preste suficiente atención. El sistema
actual es incapaz de atender la demanda de atención a la dependencia, y mucho menos lo será
en el futuro dado el ritmo de crecimiento exponencial de esta demanda. La infancia tampoco
recibe la atención que se merece, como demuestra el que según Cáritas, la tasa de pobreza
infantil en España es la segunda mayor de la UE. Una población cada vez más envejecida es a la

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vez causa y consecuencia de este fenómeno. Según las previsiones actuales, la situación será
cada vez más problemática.
Nuestro sistema de cuidados es muy deficiente. España dedica a cuidados de larga duración
solo el 0,6% del PIB, mientras Holanda dedica el 3,8% y Suecia el 3,7%. Pero el problema no
es solamente que se dedican escasos recursos sino también, y fundamentalmente, que esos
recursos están mal orientados. En efecto, la intervención pública tiene como elemento central
las llamadas “políticas de conciliación de la vida personal y familiar”, que son facilidades para
que las mujeres se retiren (total o parcialmente) del empleo durante los periodos en los que
existe necesidad de cuidados en la familia. Los servicios públicos de atención a la dependencia
y de educación infantil están muy poco desarrollados: por ejemplo, solo el 2% de las personas
mayores de 65 años recibe cuidado institucional (menos de la tercera parte que en los países
nórdicos); menos del 20% de las criaturas menores de 3 años están escolarizadas más de 30
horas a la semana. Por último, las jornadas de trabajo a tiempo completo son de las más largas
de Europa, incompatibles con una adecuada planificación de los cuidados.
En definitiva, el grueso de las políticas públicas se dirige, en la práctica, a intentar que las
mujeres satisfagan la demanda de cuidados en el seno familiar. Esto es ya manifiestamente
imposible, y lo será aún más en un futuro próximo si no se toman medidas drásticas
urgentemente. Algunos datos significativos: en 2040 el número de personas dependientes será
el doble que en 2008. Por otro lado, si en 2010 había 40 personas entre 15 y 64 años por cada
10 mayores de 65, en 2060 solo habrá 15.
El sistema actual genera múltiples injusticias: mujeres que se ven obligadas a cuidar 24 horas
al día sin los mínimos derechos humanos (cuidadoras “informales”); categorías laborales
que ni siquiera están protegidas por el Estatuto de los Trabajadores (empleadas de hogar);
pésimas condiciones de las mujeres con empleo sometidas a dobles jornadas, precariedad y
marginación; hombres a los que no se garantiza su derecho al cuidado; mujeres en general que
se ven etiquetadas por las empresas como “menos disponibles para el empleo” a la hora de la
contratación y, sobre todo, de la promoción laboral. Todo ello es causa de múltiples distorsiones
en el mercado de trabajo, como la segregación laboral y la economía sumergida,
Por otro lado, el sistema basado en la responsabilidad casi exclusivamente femenina sobre
los cuidados genera una profunda esquizofrenia colectiva, al ir en contra tanto de la realidad
social como de los valores mayoritarios de la ciudadanía española, que según el CIS apuesta
mayoritariamente por el reparto igualitario de los cuidados entre hombres y mujeres.
En definitiva, el sistema actual de cuidados es obsoleto, insuficiente, injusto e insostenible. Sin
embargo, es posible reestructurarlo para evitar todos estos problemas. Esta es, de hecho, la
única solución realista.
La experiencia internacional nos muestra claramente dos orientaciones: una es la de países
como Alemania, donde el sistema de cuidados sigue basándose en el mantenimiento de la
familia tipo “sustentador masculino/esposa dependiente”. En este documento nos referiremos
a los pésimos resultados sociales y económicos de estos países que siguen presionando a las
mujeres para que asuman la mayor parte de los cuidados en el seno del hogar.
El camino alternativo es el inverso: se trata de optar por un modelo basado en los principios de
corresponsabilidad en los cuidados y solidaridad, incluyendo todos los derechos hasta ahora no
incluidos y, en definitiva, apostando por una sociedad de “personas sustentadoras/cuidadoras
en igualdad”. No se trata de una utopía; esta es la apuesta que realizaron los países nórdicos
hace 5 décadas, desde un punto de partida más atrasado que el de la sociedad española actual
y sin la larga experiencia internacional de la que actualmente disponemos. El resultado fue
espectacular desde el punto de vista social y económico. Baste considerar que estos países
figuran actualmente a la cabeza de los rankings de igualdad de género y de competitividad
económica.

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La nueva perspectiva se basa simplemente en conseguir que todas las necesidades estén
atendidas y, a la vez, que todas las personas conserven su independencia económica durante
toda su vida, con plenos derechos laborales y sociales y con igualdad real de oportunidades.
Esta perspectiva es la referencia para la propuesta que se hace en este documento.
II. REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS AHORA: UN EJE ESTRATÉGICO PARA LA
SALIDA DE LAS CRISIS
Nos enfrentamos a una crisis profunda e imposible de resolver sin un cuestionamiento de las
causas que la han generado. Esta crisis es de carácter multidimensional: crisis económica,
social, ecológica y demográfica se vinculan entre sí generando graves interacciones. La
reestructuración que se propone en este documento ofrece soluciones y posibilita el cambio de
modelo productivo; dos cuestiones inseparables y necesarias para afrontar las múltiples crisis
que atravesamos.
•  Clave para la salida de la crisis económica-social. La actual espiral recesiva se alimenta
de los recortes sociales que, además de causar estragos sobre las personas desatendidas,
destruyen empleos en el sector público. Por otro lado, la inseguridad en el empleo y la
desprotección frente a contingencias como desempleo, vejez, enfermedad o dependencia
son factores que restringen aún más el consumo privado. En estas condiciones, la
expansión de la protección social es, a la vez, urgente para el rescate de las personas y un
motor decisivo de la demanda interna.
Es importante destacar que los países con estados de bienestar sólidos están resistiendo
mucho mejor la actual crisis. Un dato significativo: igualar a Suecia en porcentaje de la
población empleada en el Estado de Bienestar supondría la creación de 3 millones y medio
de empleos en nuestro país. Entre otros resultados esperables de la reestructuración
que se propone, cabe destacar la reducción de fenómenos como la pobreza, la economía
sumergida y la segregación laboral.
•  Clave para la reorientación ecológica del modelo productivo. No podemos permitirnos
basar el aumento de actividad en sectores depredadores del medio ambiente como
la construcción o el automóvil. Los cuidados, por el contrario, son una actividad
desmaterializada.
Complementariamente, es urgente cambiar radicalmente las pautas de consumo de la
población, lo que no puede realizarse sin una catarsis social que apueste por un cambio
de valores, abandonando los de ostentación y el despilfarro, para adoptar los valores
de una sociedad solidaria y cuidadora, valorando la cultura, la educación, el cuidado de
las personas, la armonía familiar. Esa catarsis se facilitará con un cuestionamiento de
la organización actual de los cuidados, que está muy relacionada con la desigualdad de
género y la insolidaridad social que el actual sistema potencia
•  Clave para atajar la crisis demográfica. Actualmente está de sobra demostrado que las
políticas tradicionalmente llamadas “natalistas”, consistentes en ofrecer incentivos para la
permanencia de las mujeres en el hogar, han tenido sistemáticamente efectos contrarios
a los que pretendían. Los países que las aplican, como Alemania o España, registran las
tasas de fecundidad más bajas de Europa. Los países nórdicos, en cambio, han conseguido
detener la caída de las tasas de fecundidad en un nivel próximo al de reposición
demográfica. Su receta es justamente la contraria: ofrecer a las mujeres la posibilidad de
no tener que elegir entre empleo de calidad y maternidad.

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III. EL SISTEMA ACTUAL DE CUIDADOS: DERROCHE DE RECURSOS, CAUSA DE
PROBLEMAS Y ORIGEN DE DESIGUALDADES
El sistema actual, centrado en el cuidado en el hogar, provoca una dualidad muy perniciosa en
el mercado de trabajo: para algunas personas (sobre todo hombres) jornadas interminables y
para otras (sobre todo mujeres) empleo precario a tiempo parcial, subempleo, interrupciones
que impiden un reingreso laboral en buenas condiciones, pérdida de derechos sociales, etc.
Este sistema es causa de ineficiencias, en primer lugar porque supone un enorme despilfarro
del potencial de empleo y desarrollo profesional de las mujeres. En segundo lugar, el capital
cuidador de los hombres permanece en gran medida desaprovechado. En tercer lugar,
las políticas actuales profundizan fenómenos como la segregación laboral y la economía
sumergida, así como el despilfarro del gasto público en medidas que no consiguen su objetivo
y, en cambio, causan más pobreza y desigualdad.
La realidad social ha cambiado, pero el sistema de protección social no ha modificado sus
premisas. El resultado es un sistema obsoleto que presenta importantes déficits sociales
y democráticos. La infancia está desatendida y sus derechos vulnerados. Las personas
dependientes no tienen garantizada su autonomía funcional, un derecho básico y ya
reconocido incluso en la Ley de Dependencia española, aunque no puesto en práctica. Muchas
personas no pueden tener las criaturas deseadas por falta de recursos. Las familias se ven
inmersas en graves problemas para atender a sus personas dependientes; etc.
El sistema actual es fuente de desigualdades: las mujeres, sea cual sea la estrategia por la
que opten para hacerse cargo de “sus” tareas de cuidados, se ven negativamente afectadas
tanto en el ámbito del hogar como en el del empleo. Las cuidadoras llamadas “informales” no
cuentan con las condiciones mínimas de ciudadanía; las empleadas de hogar no disfrutan de
los derechos laborales más elementales. Todas las mujeres sufren discriminación en el empleo
y mayor riesgo de pobreza. Los hombres se ven extrañados del ámbito familiar, sin derechos
para poder cuidar a sus criaturas tanto como la madre.
El sistema que se propone, basado en el reparto igualitario de los cuidados entre hombres
y mujeres, en jornadas cortas a tiempo completo y en la universalización de los servicios
públicos, contribuiría a resolver estos problemas de eficiencia y equidad.
IV. PROPUESTA DE UN NUEVO SISTEMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA
DEPENDENCIA: ATENDER LAS NECESIDADES Y RECONOCER LOS DERECHOS
En este apartado se explica cómo reorganizar nuestro sistema de cuidados con el objetivo de
superar los problemas anteriormente descritos. Se trata de afianzar las bases de los sistemas
de bienestar y de eliminar los sesgos del pasado, para conseguir una política social integradora.
Los principios en los que se debe basar un sistema de cuidados coherente con este objetivo
son:
Principio de solidaridad: a cada cual según sus necesidades. Los riesgos deben cubrirse
colectivamente desde el sistema público de protección social de tal forma que todas las
personas tengan asegurados sus derechos.
Principio de capacidad: de cada cual según sus posibilidades. Todas las personas deben
contribuir en función de su renta y de su disponibilidad
Principio de la ciudadanía universal e individualización de derechos y deberes. Todas las
personas deben ser independientes económicamente durante toda su vida y deben gozar de
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos
En base a estos principios, es posible ofrecer una alternativa de atención a los cuidados en un
sistema de protección social equitativo, eficiente y sostenible. El cambio debe implementarse

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con las medidas transitorias adecuadas, teniendo en cuenta la población afectada y una
vez se ofrezcan alternativas. En definitiva, sin dejar en ningún momento a ninguna persona
desprotegida.
Las principales medidas a implementar son:
Atención a la dependencia
•  Universalizar el derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la
dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, con un plan de implantación
progresiva.
•  Eliminar el Artículo 18 de la Ley de Dependencia que prevé la prestación por cuidados en
el entorno familiar.
•  Equiparación de las empleadas de hogar al resto de personas trabajadoras.
Maternidad y paternidad
•  Reformar el sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo un calendario
de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para
garantizar la igualdad efectiva de derechos, el permiso debe ser:
-- Igual para cada persona progenitora, independientemente de su sexo, orientación
sexual o tipo de familia.
-- Intransferible, como todos los demás derechos laborales y sociales.
-- Pagado al 100% del salario.
-- Con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de
maternidad y paternidad
Educación infantil
•  Declarar el derecho universal a la educación infantil pública y gratuita desde los cero años,
con un plan de implantación progresiva.
•  Acabar con la dualidad entre jornadas interminables y empleo a tiempo parcial
•  Eliminar todos los incentivos al empleo a tiempo parcial
•  Jornada laboral máxima de 35 horas semanales con cómputo semanal.
•  Atención especial a las necesidades familiares sin crear trampas de pobreza
•  Prestaciones universales por criatura, independientes del nivel de renta y del tipo de
familia.
•  Prestaciones por familia monoparental en función exclusivamente del número de criaturas
a cargo.
•  Especial atención en los servicios públicos e integración al empleo de calidad de las
familias monoparentales.
•  Derechos laborales plenos para las actuales empleadas de hogar
•  Equiparación en condiciones y derechos con el resto de empleos.
•  Universalización de los servicios de educación infantil y atención a la dependencia.

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V. EL MOMENTO DEL CAMBIO ES AHORA: VIABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA
Por último, el documento se cierra explicando que existen condiciones económicas, sociales y
políticas para emprender sin demora la reorganización del sistema de cuidados que se propone.
Desde el punto de vista económico, las políticas de gasto público son la clave para romper el
círculo vicioso de la recesión. Además, el rescate de la ciudadanía no puede obviar la atención
de colectivos particularmente vulnerables como son los demandantes de cuidados. Fortalecer
el sistema de protección social frente a los riesgos colectivos, precisamente en un contexto de
crisis, es decisivo para la recuperación económica y democrática.
Desde una óptica financiera, la reorganización del sistema es viable. En primer lugar, hay
que considerar el enorme déficit social español, con un gasto muy inferior a la media de la
Unión Europea en porcentaje del PIB. Así, los gastos más importantes que exigen las medidas
propuestas son ineludibles: se derivan de la pésima situación de nuestro Estado del Bienestar.
Además, aunque algunas de las medidas propuestas implican desembolsos de recursos,
otras permitirán ahorros sustanciales a largo plazo. En el documento se ofrecen ejemplos
que ilustran la ínfima dedicación a necesidades urgentes como la atención infantil y a la
dependencia, o la resistencia a una medida tan barata y rentable como la equiparación de los
permisos; mientras que figuras que crean desigualad originan un gasto mucho mayor. En tercer
lugar, pero no menos importante, hay que considerar que el nuevo sistema sería favorable
a la reactivación económica y la reducción de la economía sumergida, lo que a medio plazo
contribuiría a mejorar los ingresos fiscales y las cotizaciones.
La mayoría de las reformas que se proponen están ya institucionalmente reconocidas incluso
por las leyes y asumidas por la población. Algunos ejemplos: el principio de atención plena a
la dependencia mediante servicios públicos (aunque en la práctica se instauró la prestación
por cuidados en el entorno familiar que la Ley reconocía como discriminatoria y por tanto
contemplaba solo con carácter excepcional); la promesa de universalización de la educación
infantil pública de 0 a 3 años (aunque no se dedicaron los recursos necesarios); la equiparación
del permiso de paternidad al de maternidad (votada en el Congreso por unanimidad, aunque
solo como PNL); entre otros.
Por último, los indicios de que la población española está preparada para el cambio social
que implica reorganizar el sistema de cuidados en la dirección propuesta son múltiples. Las
encuestas, por ejemplo, confirman sistemáticamente que entre la ciudadanía predominan los
ideales igualitarios y, en concreto, a favor de la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados.
Por otra parte, y consecuentemente, los proclamas y discursos de los responsables políticos
siempre van en defensa de la igualdad. Se han realizado reformas de gran efecto simbólico
como las del primer gobierno Rodríguez Zapatero. Sin embargo, estas medidas tan populares
señalaron la necesidad de reformas estructurales pero no las abordaron.
Las medidas que se proponen no son medidas aisladas unas de otras sino complementarias
y con gran impacto conjunto. Los gobiernos se han limitado a reconocer su necesidad a
cuentagotas, pero no han dado los pasos para realizar las reformas oportunas. La oportunidad
es única para una reorientación ilusionante, que necesariamente debe estar basada en un
debate social.
Si en el siglo pasado el gran paso fue la creación de los estados de bienestar, hoy el salto
necesario y movilizador de la sociedad es la ampliación de la protección social a todas las
personas y necesidades, con una apuesta radical por la igualdad.

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I. LA CRISIS DE CUIDADOS:
¿QUÉ SOCIEDAD QUEREMOS?
Nuestro país vive una situación de emergencia. Sólo tomando conciencia de esta dura
realidad es posible afrontar la magnitud de las tareas que tenemos por delante. Décadas
de neoliberalismo han dejado sus consecuencias: recortes de servicios públicos básicos y
retroceso de derechos laborales y sociales forman parte de nuestro paisaje cotidiano. El
resultado es que las bases de nuestro sistema de protección social y nuestra democracia están
en peligro. Hay un amplio consenso en que la recuperación económica y democrática necesita,
como primer punto de partida, revertir los recortes de los últimos años.
Revertir los recortes es una condición necesaria, pero no suficiente. El sistema de impuestos,
prestaciones y servicios públicos del que partimos, aún cuando se incremente su nivel de
inversión y cobertura, presenta importantes deficiencias estructurales. Nuestro Estado del
Bienestar tiene una gran asignatura pendiente: la inclusión de necesidades aún no atendidas y
de derechos aún no reconocidos.
CUIDADOS: UN SISTEMA DEFICIENTE Y NO PREPARADO PARA EL ENORME CRECIMIENTO
DE LA DEMANDA
Mientras en algunos ámbitos de protección social, como el sistema sanitario o educativo, antes
de la crisis existían bases sólidas que ahora hay que recuperar y ampliar, el desarrollo de la
provisión de cuidados era incipiente.
La falta de atención a esta deficiencia palmaria de nuestro sistema de protección social
constituye una suerte de ceguera social que impide apreciar la magnitud de la catástrofe a la
que nos enfrentamos. Pero cada vez es más difícil seguir relegando el problema. En efecto,
en los últimos años ha saltado a la luz pública lo que se ha dado en denominar “crisis de
cuidados”. Con esta expresión se alude al crecimiento exponencial de la demanda de cuidados
como resultado de dos factores: por un lado, el envejecimiento de la población registrado

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en los países desarrollados; por otro, el hecho de que la mayoría de las mujeres ya no están
totalmente disponibles para seguir cubriendo estas necesidades en el ámbito familiar.
El déficit de recursos dedicados a la atención a la dependencia en España es clamoroso: España
dedica a cuidados de larga duración (CLD) solo el 0,6% del PIB, mientras Holanda dedica el
3,8% y Suecia el 3,7%. En Europa solamente Polonia, República Checa, Hungría, República
Eslovaca y Portugal dedican menos recursos públicos que España. La contrapartida a esta
dejación de la atención pública es que en nuestro país el 8% de la población mayor de 50 años
dedica más de 20 horas semanales al cuidado informal, frente al 1,1% en Suecia o el 2,8% en
Holanda2.
Si actualmente ya contamos con una enorme demanda de CLD insatisfecha, las previsiones
para el futuro se presentan desoladoras. Se estima que el número de personas dependientes en
2040 será el doble que en 20083. Por otro lado, las personas en edad de cuidar son cada vez
menos debido a la bajísima fecundidad: si en 2010 había 40 personas entre 15 y 64 años por
cada 10 personas mayores de 65, en 2060 solo habrá 154.
Las deficiencias en el ámbito de la atención infantil también son muy graves: El número de
nacimientos sigue en claro descenso debido a las dificultades extremas que han de afrontar las
familias para tener criaturas. Quienes deciden tenerlas aumentan su riesgo de pobreza, entre
otras razones porque con alta probabilidad las mujeres pierden sus empleos. Según Cáritas, la
tasa de pobreza infantil en España es la segunda mayor de la UE, solo superada por Rumanía.
De hecho, en 2013 la tasa de exclusión social entre las personas menores de 18 años ya era del
35%5; y llega al 50% entre las que viven en familias monoparentales6.
En resumen, el sistema es claramente deficiente y la demanda de cuidados que permanece
insatisfecha es de gran dimensión. El problema, por tanto, es gravísimo, y lo será aún más en
un futuro próximo si no se toman medidas drásticas urgentemente.
UN SISTEMA INJUSTO QUE CREA GRAVES PERJUICIOS Y NO ATIENDE LAS NECESIDADES
En el centro de estos desequilibrios se encuentra una organización de los cuidados obsoleta,
ineficiente e injusta. Tradicionalmente los cuidados se consideraban un asunto privado y
responsabilidad casi exclusivamente femenina. A pesar de los cambios sociales y de mentalidad
que se han producido en las últimas décadas, la inercia social y la dejación de los gobiernos
han mantenido estos temas fuera de la agenda política y del debate social.
La falta de atención explícita no significa que no se hayan habilitado nuevas políticas públicas
en este ámbito, pero estas han estado concebidas desde los antiguos paradigmas y en su
mayor parte dirigidas a mantener el viejo sistema. En efecto, en España la intervención pública
tiene como elemento principal las llamadas “políticas de conciliación de la vida personal
y familiar”, que son facilidades para retirarse del puesto de trabajo (parcial o totalmente)
durante los periodos en los que existen personas a las que cuidar en la familia: permisos de
maternidad y paternidad, excedencias y reducciones de jornada por cuidados. Como regla
general son mujeres quienes recurren a estas “facilidades”, con una sola excepción: el permiso
2  OCDE (2011): Health at a Glance. 
3  Para predicciones de aumento de la demanda de CLD, ver Van Der Gaag et all (2012): Demographic epidemiologic
projections of long-term care needs in selected European countries. http://www.ancien-longtermcare.eu/sites/
default/files/ENEPRI%20PB%20No%208%20_ANCIEN%20WP2_%20Demographic%20Epidemiologic%20Projections.pdf
4  Según previsiones de EUROSTAT. Más explicación en Pazos Morán (2013): “Desiguales Por Ley. Las Políticas Públicas Contra la Igualdad de Género”. Ed. Catarata.
5  Informe Foesa, 2014: http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/descargas/VII_INFORME.pdf
6 http://www.elmundo.es/espana/2014/09/08/540d9fb1268e3e18298b4577.html

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de paternidad se lo toman el 85% de los padres; pero este permiso solo dura dos semanas, la
octava parte que el permiso de maternidad.
Por otra parte, los servicios públicos de atención a la infancia y a la dependencia están muy
poco desarrollados en España. Menos de un 20% de las criaturas menores de 3 años asisten a
una escuela de educación infantil al menos 30 horas a la semana7, y solo el 2% de las personas
mayores de 65 años recibe cuidado institucional, menos de la tercera parte que en cualquier
país nórdico8. España tiene 31,1 plazas para CLD por cada 1.000 habitantes mayores de 65 años,
mientras que en Suecia hay casi tres veces más (81,7) y en Holanda más del doble (68,5)9.
Además, las jornadas de trabajo a tiempo completo están entre las más largas de Europa y con
cómputo anual. La inestabilidad y la precariedad laboral son cada vez mayores y las jornadas
tienden a ser cada vez más incompatibles con la planificación de los cuidados.
En definitiva, el grueso de las actuales políticas se dirige, en la práctica, a intentar que las
mujeres satisfagan la demanda de cuidados en el seno familiar, lo que se ha demostrado
imposible.
Esta orientación da lugar a enormes injusticias El sistema contempla con normalidad la
existencia de categorías laborales que no están cubiertas por los derechos mínimos que otorga
el Estatuto de los Trabajadores: es el caso de las empleadas de hogar. Incluso prevé que haya
personas que se dedican a cuidar 24 horas al día sin derechos laborales ni sociales: son las
denominadas cuidadoras “informales”.
El sistema ha naturalizado que las mujeres que tienen empleo estén sometidas a dobles
jornadas (las mujeres dedican de media 2:15 horas al día más que los hombres al trabajo
doméstico10); sean víctimas de discriminación salarial (según la AEAT11, en 2013 el salario medio
masculino era un 29% mayor que el femenino; la pensión media masculina un 41% mayor
que la femenina); y registren peores resultados en todos los indicadores sobre condiciones
laborales y de vida.
Mientras, la mayoría de los hombres no cuentan con derechos ni condiciones materiales que
les permitan cuidar a sus criaturas, obligados a mantener horarios interminables imposibles de
conciliar con la vida familiar y personal.
Así, mientras los padres se ven privados de derechos para cuidar a sus criaturas, las madres
se ven obligadas a cuidar en solitario y perdiendo o perjudicando sus empleos, ingresos y
derechos sociales. Pero no son solamente las madres las que resultan discriminadas por
este sistema, sino todas las mujeres. Las empresas saben que si contratan a una mujer se
arriesgan a que se ausente por permiso de maternidad, que además puede ser prolongado
con excedencias y reducciones de jornadas hasta la edad de 12 años de la criatura. En cambio
cuando contratan a un hombre saben que, como regla general, si es padre solo se ausentará
durante dos semanas, y después se implicará más que antes en su puesto de trabajo. Así
que las empresas consideran a las mujeres “mano de obra de alto riesgo” a la hora de la
contratación y, sobre todo, de la promoción. Como consecuencia, se precariza el empleo
femenino, la segregación laboral aumenta y se desperdicia gran parte del capital productivo de
las mujeres y del capital cuidador de los hombres.

7 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140502_gender_equality_workforce_ssr1_en.pdf
8  Rodrigues, Ricardo, Manfred Huber y Giovanni Lamura (eds.): Facts and Figures on Healthy Ageing and Long-term
Care. Europe and North America http http://www.euro.centre.org/data/LTC_Final.pdf
9  OECD Health Data, 2011.
10  INE: Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010.
11  AEAT (2013): Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias.

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 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

A pesar de todas las distorsiones que ocasiona, este sistema de cuidados basado en “las
medidas de conciliación” no tiene tanto alcance como podría parecer: del total de las personas
trabajadoras por cuenta ajena que tuvieron su primera criatura en 2006, sólo un 7,2% de las
madres y menos de un 1% de los padres se tomó algún tiempo de excedencia, mientras que
sólo un 10,9% de las madres y menos de un 1% de los padres se acogió a alguna reducción de
jornada1212. Hay que recordar que estos derechos solo están disponibles para las personas con
empleo estable. Y precisamente por eso, la existencia de estos derechos juega en contra de la
estabilidad laboral de las mujeres. En definitiva, es peor el remedio que la enfermedad.
UNA SITUACIÓN PARADÓJICA
Si se analiza en detalle la situación hay que concluir que nuestra sociedad se encuentra en
una encrucijada, pero esta también brinda la oportunidad de plantearse hacia dónde quiere
caminar. El actual sistema se basa en una inercia cultural que las políticas públicas consolidan y
que, sin embargo, va en contra de los derechos y de las aspiraciones de la ciudadanía.
En las últimas décadas nuestra realidad social ha avanzado notablemente. Sin embargo, y
precisamente por ello, la supervivencia de patrones del pasado genera una esquizofrenia social:
Las mujeres se ven obligadas a trabajar a pleno rendimiento como si no fueran las principales
responsables del cuidado de su familia; y a la vez, a cuidar de criaturas y otros familiares
dependientes como si no tuvieran un empleo en el que rendir igual que sus colegas masculinos.
La vida de la mayoría de las mujeres es un imposible juego de malabares.
Por su parte, los hombres siguen en gran medida ausentes de los cuidados. Las parejas se
fundan en bases irreales de supuesta igualdad, pero la realidad hace estragos: en la inmensa
mayoría de los casos el nacimiento de un hijo/a termina con los sueños igualitarios.
La cuadratura del círculo se intenta cerrar gracias a otras mujeres: las empleadas de hogar sin
derechos laborales (para la minoría que puede permitírselo) y las abuelas. Muchas mujeres,
ya de una generación mayormente incorporada al empleo, se ven desbordadas para cuidar
simultáneamente de sus mayores y de sus nietos, convertidas en piezas imprescindibles para
apoyar el empleo de sus hijas, que aún así se ven frecuentemente expulsadas o marginadas del
mercado de trabajo. Y no todas las personas dependientes ni todas las criaturas tienen acceso
a estos arreglos informales.
Es urgente tomar conciencia y abordar estos desequilibrios sociales que, a pesar de su
gravedad, todavía no ocupan el lugar que se merecen en la agenda política. Es importante
destacar que el sistema actual no permite optar individualmente por un comportamiento
igualitario. Por ejemplo, un hombre que quiera cuidar a su bebé igual que la madre, ¿cómo
podría hacerlo si la Seguridad Social no le da el permiso de paternidad en igualdad de
condiciones? Una joven madre que quiera mantenerse en el empleo, ¿cómo podría si no tiene
alternativas para el cuidado de su bebé? Y así sucesivamente.
Más aún, el sistema actual contradice las legítimas aspiraciones de igualdad y de democracia
de la mayoría de la población. Según el Barómetro del CIS de marzo de 2010, dedicado a la
igualdad de género, el 94,8% de los hombres y el 95,0% de las mujeres se muestra a favor
de la igualdad total entre hombres y mujeres. En particular, el 68,9% de los hombres y el
74,8% de las mujeres declara que su familia ideal es aquella “en la que los dos miembros
de la pareja tienen un trabajo remunerado con parecida dedicación y ambos se reparten
las tareas del hogar y el cuidado de los/as hijos/as, si los hay”. Además, la población revela
una alta conciencia sobre las desigualdades existentes y sobre cómo combatirlas: el 91,1%
de los hombres y el 92,9% de las mujeres cree que la Ley debe asegurar la igualdad de
oportunidades; frente una ínfima minoría que opina que este es un asunto privado.

12  Lapuerta, Irene (2012), Employment, Motherhood and Parental Leaves in Spain, Tesis doctorales UPF.

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 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

La única solución realista: reestructuración del sistema de cuidados para salir de las crisis
apostando por la sociedad que queremos
Cerrar los ojos a la injusta, paradójica y dolorosa situación actual respecto a los cuidados sería
comprensible si el problema no tuviera solución. Pero, afortunadamente, es posible reorganizar
los cuidados de manera que se logren simultáneamente las tres metas propias de la política
social en una sociedad democrática: atender las necesidades, garantizar los derechos y
conseguir una economía eficiente y sostenible.
Actualmente disponemos de amplia experiencia internacional para conocer los efectos
de las diferentes alternativas. Solo un debate social basado en estas evidencias, y en el
reconocimiento de los derechos de todas las personas en igualdad, podrá resolver las
contradicciones actuales y dotarnos de un sistema adecuado. En este debate tendremos
que reconocer explícitamente una verdad ineludible: las políticas públicas potencian unas
determinadas (y no otras) estructuras sociales, normas y valores, aunque estos valores sean
residuos de otra época y no se adapten a la realidad actual.
Nos enfrentamos a la necesidad de elegir entre dos caminos incompatibles. El primero es
continuar con la inercia actual. Algunos países, como Alemania, orientan sus políticas públicas
a que las mujeres tengan criaturas y atiendan a las personas dependientes en el seno de un
matrimonio tipo “sustentador masculino/esposa dependiente”. Esta orientación va acorde con
la ausencia de servicios públicos de cuidados, por un lado, y por otro con un empleo formal
fundamentalmente masculino, complementado por una mano de obra femenina en gran parte a
tiempo parcial y en la economía sumergida.
Este es el modelo patriarcal y liberal atávico que, afortunadamente, está ampliamente
desacreditado cultural y socialmente en los países desarrollados. Sin embargo, las actuales
políticas neoliberales y neopatriarcales se complementan para mantenterlo. Así, por un
lado los recortes y las rebajas indiscriminadas de impuestos erosionan el sistema público de
protección social. Por otro lado, el capital financiero se beneficia de los incentivos al ahorro y
otras medidas de promoción de los seguros de dependencia privados (que no están basados
en el principio de garantía de la autonomía funcional, sino dirigidos a ofrecer una ayuda a la
familia en función de su aportación). Por último, las políticas familiares y de empleo incentivan
el matrimonio de un hombre sustentador (liberado de tareas de cuidado) y una mujer
(dependiente económicamente) a cargo de los cuidados en el hogar.
El segundo camino, alternativo, es el de romper con la inercia y apostar decididamente por un
modelo de sociedad basado en los principios de la corresponsabilidad en los cuidados y de la
solidaridad, recuperando el pacto social en torno al estado del bienestar y ampliándolo para
integrar las necesidades todavía no cubiertas y los derechos todavía no reconocidos. Para ello,
todas las políticas públicas deben colaborar y ser reorientadas hacia el logro de esta sociedad
de “personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad”.
Este segundo modelo es el que responde a los deseos y las convicciones de la ciudadanía
española. Sin embargo, como veremos en el apartado 4 en cada una de las políticas analizadas,
hasta ahora los sucesivos gobiernos se han limitado a reconocer el objetivo y la necesidad de
los cambios necesarios. Bien sea por una apuesta ideológica, por falta de voluntad política o
por connivencia con los grandes poderes fácticos, los pasos efectivos en esa dirección no se
han dado.
UN CAMINO (INCOMPLETO) HACIA LA IGUALDAD: LA ALTERNATIVA ESCANDINAVA
AL CUIDADO
Al contrario que países como Alemania, donde se refuerza el modelo social obsoleto con
prestaciones y desgravaciones para la permanencia de las mujeres en el hogar, Suecia optó
por la vía contraria. En este gran golpe de timón, operado alrededor de 1970, la sociedad

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sueca asumió que a) Cada persona debe tener independencia económica a través de su propia
participación en el empleo durante toda su vida; b) Los cuidados básicos deben proveerse,
fundamentalmente, por el Estado; y c) El necesario cuidado en la familia debe compartirse
igualitariamente entre hombres y mujeres.
En poco tiempo Suecia realizó reformas cruciales. Se eliminaron todas las prestaciones
para el cuidado que eran incompatibles con el empleo, así como todas las medidas que
desincentivaban el trabajo asalariado de las mujeres casadas. A la vez, se universalizó el
derecho a la educación infantil y a la atención a la dependencia (derecho que se implantó
progresivamente). Se equipararon los permisos de padres y madres (aunque una clausula de
transferibilidad introducida en el último momento produjo efectos contraproducentes). Por
último, se racionalizaron los horarios, disminuyendo y concentrando las horas de trabajo.
Aunque con diferente ritmo y alcance, la vía trazada por Suecia fue secundada por los demás
países nórdicos. Como consecuencia, estos países son los más igualitarios y, a la vez, los más
competitivos del mundo (según el índice del Foro Económico Mundial)
En resumen, se trata de llegar a un sistema en el que todas las personas puedan permanecer
en el empleo de calidad durante toda su vida, y en el que todas las necesidades familiares estén
atendidas, sin que ninguna persona tenga que renunciar a sus ingresos ni a su vida personal.
Para ello es necesario conjugar políticas públicas de muy distinta índole: políticas para el
reparto equitativo del empleo y de los cuidados entre hombres y mujeres; recursos públicos
(servicios públicos y prestaciones) para atender a la infancia y la dependencia de forma
equitativa y sin crear desequilibrios sociales o económicos; políticas de empleo para garantizar
los derechos y la estabilidad laboral; políticas fiscales; y muchas otras. Desarrollaremos estas
líneas de actuación en el apartado 4.
Previamente, nos detendremos en argumentar cómo la reforma del actual sistema de cuidados
en el sentido propuesto no solamente es posible, sino que es un elemento estratégico
dentro del cambio económico que necesitamos. Reorganizar los cuidados es imprescindible
para generar empleo decente y sostenible, mejorar la calidad de vida de colectivos sociales
vulnerables, facilitar la crianza y el cuidado a las familias y, en definitiva, salir de la crisis
avanzando en igualdad y democracia. Es el momento de cambiar de rumbo y apostar por la
sociedad que queremos. Reorganizar el sistema de cuidados es un paso clave en ese camino.

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 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

II. REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS AHORA:
UN EJE ESTRATÉGICO PARA LA SALIDA
DE LAS CRISIS
Nos enfrentamos a mucho más que una simple crisis financiera, el consenso en este sentido
es prácticamente total. El reto que tenemos es el de afrontar una crisis múltiple que afecta a
varios ámbitos, todos ellos además con fuertes vínculos entre sí.
En primera instancia resulta obvio que nos enfrentamos, no sólo en España sino al menos en
los países de la llamada Europa periférica, a una crisis económica profunda: no sólo estamos
atrapados en lo que algunos autores llaman una “recesión de balances”, sino que es obligado
cuestionar las bases de nuestro modelo productivo. El problema del desempleo masivo que
sufrimos es sintomático de la grave situación económica, a la vez que explica otra importante
dimensión de la crisis: la social. La creciente desigualdad y la privación extrema mina la
cohesión social, prerrequisito básico para una convivencia democrática. La insostenibilidad
ecológica y demográfica del modelo, fallido pero vigente, que nos ha traído hasta aquí, también
son amenazas palpables. Crisis económica, social, ecológica y demográfica que se refuerzan
perversamente entre sí. La organización social de los cuidados es un elemento que incide de
forma determinante en esas cuatro dimensiones y que, por lo mismo, constituye un ámbito
estratégico para su superación. A continuación lo vemos con más detalle.
CRISIS ECONÓMICA-SOCIAL Y REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUIDADOS
La idea de que la economía española puede reactivar su ritmo de crecimiento a partir del
dinamismo de la demanda externa es una falacia. Debemos mejorar la inserción externa
de nuestra economía, pero una recuperación sólida y sostenible sólo es posible a partir de
la reactivación de la demanda interna. Los recortes sociales no hacen más que reforzar la
espiral recesiva: en la medida en que agudiza la escasez de demanda, perjudica la actividad
productiva, la generación de empleo y la recaudación fiscal, reforzando la crisis económica y
con ella los problemas de sobreendeudamiento público y privado.

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En esta espiral es muy importante la desprotección frente a los riesgos colectivos. Actualmente
la mayoría de las personas sufren la reducción de sus salarios, ven peligrar su puesto de trabajo
y el de sus familiares (lo que resulta especialmente grave en las familias de un solo ingreso),
temen quedarse sin prestación por desempleo, sin pensión y sin asistencia sanitaria adecuada;
tampoco confían en poder acceder a servicios públicos de atención a la dependencia. Este
es un factor importante en la restricción del consumo y aumento del ahorro privado, aunque
este aumento del ahorro ni siquiera le sirva a las familias para resolver sus problemas (como
ya hemos destacado, ni siquiera una economía familiar saneada tiene capacidad de ahorro
suficiente para suplir la falta de servicios públicos y de prestaciones sociales, exceptuando una
minoría de rentas muy altas).
Así que las políticas “de austeridad” no son la solución sino una parte importante del problema;
contrariamente a lo que sostiene la doctrina neoliberal, estas medidas profundizan el círculo
vicioso de la recesión. Paul Krugman y Joseph Stiglitz (por citar solamente a dos premios
Nobel) nos recuerdan que la demanda interna (el consumo) no puede recuperarse si la renta
disponible de los hogares y el Estado del Bienestar son cada vez más raquíticos.
La literatura económica explica cómo en un contexto donde todos los agentes privados –
hogares y empresas– están endeudados y gastan lo mínimo, únicamente el Estado puede
actuar como motor económico (Koo, Stiglitz, Weisbrot). En esta situación, la ruptura de la
dinámica recesiva pasa necesariamente por revertir la “austeridad”, impulsando políticas
potentes y bien orientadas de gasto público. Si las políticas fiscales expansivas son una
condición necesaria para detonar la reactivación económica, priorizar la inversión de recursos
públicos en mejorar nuestro precario sistema de bienestar es la vía fundamental para atender
además a tres objetivos básicos: generar empleos suficientes y en condiciones decentes;
aumentar la calidad de vida de la población; y redefinir nuestro modelo productivo.
Además de la cobertura pública de los riesgos colectivos, la seguridad de las familias
aumentará con la estabilidad y el reparto del empleo, y particularmente con la incorporación
de las mujeres al empleo estable, pues las familias de doble ingreso son una excelente red
de protección contra la pobreza. Todos estos factores son necesarios para el aumento del
consumo privado.
Adicionalmente, una reorganización del sistema de cuidados como la que se propone es
imprescindible para combatir uno de nuestros mayores lastres económicos: la economía
sumergida. La actividad económica no regulada, que según la mayor parte de estimaciones
en nuestro país ronda el 20% del PIB, no sólo cercena los derechos de parte importante de
la población; también supone una importante pérdida de recaudación pública y es fuente de
ineficiencias que perjudican al sistema económico. Pues bien, la actual organización de los
cuidados contiene medidas que potencian el empleo sumergido de colectivos como las mujeres
casadas, las empleadas de hogar o una parte del empleo declarado a tiempo parcial.
En resumen, un sistema de cuidados sustentado en servicios públicos y en el reparto equitativo
entre hombres y mujeres es clave para lograr un cambio productivo que nos permita salir de la
crisis económica, fundando nuestra economía sobre bases sólidas13.
Como señalan Navarro y Torres en su documento “Un Proyecto Económico para la Gente”,
“al contrario que las grandes obras inútiles y depredadoras del medio ambiente, el aumento
de la inversión pública en el sector de cuidados servirá para atender necesidades perentorias
actualmente desatendidas, así como para crear puestos de trabajo y para permitir a las mujeres
ocupar una posición acorde a su formación y capacidades (si España tuviera una persona de
cada cinco, como tenía Suecia en 2010, en los servicios públicos -de los cuales la mayoría son
los del Estado de Bienestar- en lugar de una de cada diez, tendríamos más de tres millones y
medio de empleos adicionales en nuestro país). Así, no solamente se aprovechará el capital
13  Ver también Galvez Muñoz, Lina y Juan Torres Lopez (2010): Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera. Icaria.

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productivo de las mujeres y el capital cuidador de los hombres que hasta ahora se desperdician,
sino que se atenderán mejor y con menos coste social las necesidades de las familias. De ahí
que aflorar todo este sector económico ahora sumergido en el seno de las familias deba ser
una estrategia básica para reactivar el consumo (público y privado) y aumentar el empleo”.
CRISIS ECOLÓGICA Y REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUIDADOS
Lo que me preocupa es el cambio climático, cuyos efectos inconmensurables ni siquiera
podemos predecir. Susan George
No es posible obviar la insostenibilidad ecológica del actual modelo productivo, y en particular
las dolorosas consecuencias del cambio climático y del deterioro medioambiental que ya
se están produciendo. De no actuar urgentemente y con contundencia, estos estragos
aumentarán hasta hacer muy difícil, o imposible, la supervivencia humana. Sin embargo, los
intereses de los grandes poderes mundiales no solo impiden el cambio sino incluso el debate
sobre la verdadera dimensión del problema. Y así, por aludir al factor principal aunque no
único, las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen aumentando a ritmo
mayor que el del peor escenario previsto por los organismos competentes en la investigación
del fenómeno14.
El problema es enorme, pero aún estamos a tiempo de actuar. Es urgente, en primer lugar, la
reorientación ecológica de la economía mundial para detener el cambio climático. Ello exige
cambiar radicalmente las pautas de producción y de consumo de cada país, así como una
política internacional que ayude a los países pobres a actuar y a paliar los efectos que están
sufriendo, muchos de ellos de forma ya dramática.
En nuestro país, si la actividad económica anterior a la crisis era insostenible desde el punto de
vista económico y social, desde el punto de vista ambiental fue especialmente despilfarradora
de recursos naturales y generadora de residuos contaminantes; hasta el punto de que la
economía española, como señalan Navarro y Torres, es “una de las más insostenibles del
planeta y un caso de libro que no se puede imitar ni intentar reproducir ahora”15.
No podemos permitirnos fundamentar el aumento de la actividad en la promoción de
sectores depredadores del medio ambiente como la construcción incontrolada de viviendas,
el automóvil privado o la ganadería extensiva. En cambio, es necesario favorecer los sectores
que produzcan bienes y servicios social y ambientalmente beneficiosos. De forma simultánea,
han de modificarse las pautas de consumo. En primer término, los niveles de consumo han de
equiparase; el nivel actual de desigualdad en el consumo (y por tanto en la responsabilidad
del deterioro ambiental) es injustificable. Además, la estructura del consumo tiene que
cambiar radicalmente. Se impone adoptar colectivamente patrones de consumo que prioricen
el bienestar personal y familiar, el cuidado, la educación, las actividades recreativas no
contaminantes, el consumo de bienes culturales, la utilidad y la reutilización de las cosas, así
como su sostenibilidad.
Ese cambio de modelo productivo proporcionaría un crecimiento suficiente para crear los
empleos que se necesitan. Las propuestas de repartir el empleo, así como el trabajo de
cuidados, son elementos cruciales para actuar en esa dirección. Como venimos señalando,
hay una enorme demanda de cuidados insatisfecha, susceptible de generar actividad
económica. Estas actividades ligadas al cuidado (servicios) se caracterizan por ser altamente
desmaterializadas, y por tanto generadoras de empleos e ingresos sostenibles desde el punto
de vista medioambiental.

14 http://nca2014.globalchange.gov/highlights/overview/overview
15  Navarro y Torres (2014): Un proyecto económico para la gente.

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 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

Es importante señalar también la importancia de un Estado de Bienestar sólido para afrontar
las consecuencias del cambio climático y del deterioro medioambiental, que se producirán
inevitablemente aunque ahora se tomaran medidas drásticas para detener el proceso, y que
exigirán recursos para paliar los efectos negativos sobre la salud de las personas, entre otros.
La cuestión es, ¿cómo podrá operarse ese profundo cambio en las pautas de comportamiento
que exige el cambio de modelo? Se impone la necesidad de un cambio de valores, desde la
actual preponderancia de la competitividad, la posesión, la ostentación y el despilfarro, a la
adopción generalizada de los valores de igualdad, solidaridad, paz, cooperación, convivencia,
cuidado de las personas y del medio ambiente y, en definitiva, armonía entre todos los seres y
con el planeta.
Pues bien, para que este vuelco sea posible, hay que cuestionarse el sistema de valores
patriarcal que está en el centro de muchos comportamientos perniciosos. Hay análisis que
demuestran, por ejemplo, que la cultura “masculina” ha alimentado la burbuja depredadora; y
que la desigualdad tiene una influencia determinante en la huella ecológica (Johnsson-Latham,
2007)16. En resumen, la disolución de los roles de género que proporciona una sociedad
cuidadora es clave para la sostenibilidad medioambiental.
CRISIS DEMOGRÁFICA Y REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUIDADOS
El envejecimiento de la población es un hecho. El aumento de la esperanza de vida y el
descenso de las tasas de fecundidad están originando en todo el mundo la llamada “transición
demográfica”, que consiste en que las tasas de fecundidad pasan drásticamente de ser
demasiado elevadas a demasiado bajas. Así, en nuestro país la tasa de fecundidad ha pasado
de 2,8 hijos/as por mujer en 1976 a 1,2 hijos/as por mujer actualmente, y sigue bajando.
El envejecimiento de la población origina graves problemas sociales y económicos. El gasto
público aumenta porque las personas mayores necesitan pensiones y recursos; y los ingresos
públicos disminuyen porque hay menos personas en edad de trabajar, y por tanto de pagar
impuestos y cotizaciones sociales sobre sus ingresos. Algunas de las consecuencias de este
fenómeno están muy presentes en el debate social, como son los problemas que se originan en
el sistema de pensiones, en la sanidad o en la educación. Pero, hasta el momento, no se le ha
concedido la suficiente importancia al grave problema de la atención a la dependencia.
Sin embargo, este problema es gravísimo y no solamente exige mayores recursos sino un
cambio de orientación. En efecto, mientras los problemas del sistema de pensiones podrían
mitigarse con una mayor productividad de las personas empleadas, como ha sucedido en las
últimas décadas, y con una gestión más eficiente del sistema actual, el caso de los cuidados
es muy diferente: aún con los cálculos optimistas de la Comisión Europea, en 2060 habrá
solamente 15 personas entre 15 y 64 años por cada 10 personas mayores de 65; casi tres veces
menos que ahora. Si para entonces el cuidado sigue a cargo de las mujeres en el hogar, ¿a
cuántas personas dependientes tocarán las niñas de hoy en día? La situación será aún más
dramática que ahora para las mujeres, para las familias y para las personas dependientes que
quedarán desprotegidas.
Hay quien puede pensar que la falta de nacimientos autóctonos evita gasto público a corto
plazo y además puede suplirse por población inmigrante ya criada, sobre todo para los trabajos
de cuidados y poco cualificados. Pero esta es una percepción incorrecta. En primer lugar, hay
que considerar que la fecundidad de las mujeres inmigrantes pobres (que son las que registran
tasas de fecundidad altas) converge con la de las autóctonas en la segunda generación y,
como se ha visto en España durante la década de 2000, no hace aumentar substancialmente

16  Johnsson-Latham, Gerd (2007), A study on gender equality as a prerequisite for sustainable development, Report to the Environment Advisory Council, Sweden. Ver también amplia documentación en http://eige.europa.eu/
content/document/gender-equality-and-climate-change-main-findings

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 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

la tasa de fecundidad del país receptor. En segundo lugar, la transición demográfica de altísima
a bajísima fecundidad es un fenómeno mundial que ya está afectando a la inmensa mayoría
de países, excepto a unos cuantos paupérrimos (esencialmente del África Subsahariana y de
Oriente Medio).
En efecto, en los países muy pobres, el aumento del bienestar hace que la esperanza de vida
aumente. Paralelamente, como consecuencia directa del acceso de las mujeres a la información
y a la formación, las altas tasas de fecundidad descienden, pues las mujeres limitan el número
de criaturas a las que realmente pueden mantener. Como consecuencia, las tasas de pobreza
infantil descienden y los países avanzan socialmente. Este proceso es, sin lugar a dudas,
beneficioso; pero el problema es que el descenso de las tasas de fecundidad no se detiene si
no se proveen medidas para que las mujeres tengan las criaturas deseadas sin necesidad de
elegir entre maternidad o empleo y sin aumentar su riesgo de pobreza. Así, los países que no
proporcionan estas medidas pasan del problema de altísimas tasas de fecundidad, siempre
acompañadas de altas tasas de pobreza infantil, al de bajísimas tasas de fecundidad, también
con altas tasas de pobreza infantil.
Curiosamente, la tasa de fecundidad sostenible17 coincide aproximadamente con la media de
los deseos de maternidad/paternidad declarados, tanto por hombres como por mujeres, en los
países en los que se dispone de encuestas.
Con estos datos es fácil comprender que los países escandinavos hayan conseguido detener la
caída de sus tasas de fecundidad, estabilizándolas en niveles próximos a la tasa de reposición
poblacional (por encima de 1,8 hijos/as por mujer). Su Éxito está basado, precisamente, en
proporcionar las condiciones materiales favorables a la decisión de tener criaturas. Estas
condiciones son de sentido común: que ninguna persona tenga que renunciar a sus ingresos ni
a su vida personal por causa de la maternidad y que las criaturas se puedan mantener sin caer
en la pobreza.
Por el contrario, los países con sistema de cuidados obsoletos como España y Alemania, donde
aún se llaman ‘políticas natalistas’ a los incentivos para el cuidado en el hogar o a instrumentos
de dudosa o nula influencia como los cheques bebés, tienen tasas de fecundidad por debajo
de 1,5 hijos por mujer, lo que supone un grave problema de bajísima fecundidad. Curiosamente,
la mal entendida “defensa de la familia” atenta, en realidad, contra las posibilidades reales de
formar familias. Un caso emblemático de este modelo es el alemán, que ha mantenido una tasa
de fecundidad entre 1,38 y 1,36 a lo largo del periodo 2000 – 2009. Por su parte, la evolución
de la tasa española durante el periodo 1995-2009 (de 1,17 hasta 1,44) ha demostrado que ni
siquiera en una época de boom económico y llegada masiva de inmigrantes es posible subir
hasta tasas aceptables con este obsoleto sistema de protección social.
Es importante destacar que una buena demografía no solo exige tasas de fecundidad
adecuadas sino también que estas sean estables en el tiempo (los baby booms provocan
problemas de planificación) y, sobre todo, ausencia de pobreza infantil. Afortunadamente, la
solución a estos tres problemas es la misma. La prueba es que los países con menores tasas de
pobreza infantil son también los países escandinavos, como consecuencia de una protección
efectiva de la infancia. Además, un Estado de Bienestar inclusivo es la mejor protección
contra la inestabilidad económica, responsable de los baby booms y los picos de fecundidad
dependientes del ciclo económico.
En resumen, el problema demográfico es grave y exige actuar urgentemente. Aún haciéndolo
ahora, los efectos se conseguirán en el largo plazo. Pero no actuar ahora nos conduciría
a una debacle irreversible. La buena noticia es que las políticas realmente natalistas son
precisamente las favorables a la igualdad de género y al bienestar de todas las personas, sea
cual sea el lugar donde hayan nacido.
17  Es decir, aquella con la que la población se mantendría estable a largo plazo, llamada ‘tasa de reposición poblacional’ y cuyo valor se estima aproximadamente en 2,1 hijos/as por mujer en los países industrializados

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 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

III. EL SISTEMA ACTUAL DE CUIDADOS: DERROCHE
DE RECURSOS, CAUSA DE PROBLEMAS Y ORIGEN DE
DESIGUALDADES
“Hay quien piensa que las desigualdades son el precio a pagar por una mayor eficiencia en la
producción y por un rápido aumento en prosperidad, con un mayor nivel de vida para todos/
as aunque esté desigualmente distribuido. Pero cada vez más personas son conscientes del
fiasco de ese mito sobre la eficiencia. Durante la pasada década, la experiencia de otros países
ha demostrado que las políticas basadas en esas premisas conllevan el riesgo de deterioro
social. … Amplios estratos de la población consideran que no hay razón para permanecer
leales a un poder económico que descuida demandas elementales para una existencia digna;
las sociedades se dividen… El resultado es el estancamiento, que no conduce ni a la eficiencia
en la producción ni al cambio social necesario para que la gran mayoría pueda desarrollar sus
capacidades y contribuir a la sociedad”.
Alva Myrdal (1969)18.

RECURSOS DESPILFARRADOS Y CAPACIDADES INFRAUTILIZADAS: UN SISTEMA
INEFICIENTE E INSOSTENIBLE
Parece evidente que una organización óptima de los recursos colectivos requiere una
asignación de los mismos que maximice su rendimiento. En consecuencia, resulta claro que la
organización social del trabajo -¿quién debe/puede trabajar en qué?-, debería aprovechar todas
las capacidades de cada persona. Sin embargo, sabemos que los roles de género son un gran
obstáculo para una asignación eficiente. Desde el nacimiento, pasando por el sistema educativo
y adquiriendo su apogeo en la segregación sexual del mercado laboral y del trabajo de
cuidados, hombres y mujeres ejercemos tareas en función de nuestros roles y no de nuestras
capacidades. El resultado es un formidable despilfarro de recursos colectivos.

18  Myrdal, Alva (1969), Jämliklet, Traducido al inglés en 1971: “Towards Equality”

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 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

La segregación del mercado de trabajo establece barreras artificiales para el aprovechamiento
de las capacidades individuales: si una mujer tiene habilidades para ser ingeniera y un hombre
para ser educador infantil, pero ambas personas tienen dificultades para dedicarse a esas
respectivas profesiones porque una es `masculina’ y la otra es `femenina’, ¿qué mejor ejemplo
de ineficiencia podríamos encontrar? Bastaría con eliminar esas barreras para mejorar los
resultados sin tener que invertir más medios. Si, por otro lado, pensamos en la segregación
vertical con la perspectiva de la igualdad, comprenderemos inmediatamente la ingente
cantidad de talento que estamos desperdiciando a causa de los prejuicios.
Esta segregación laboral ancestral se ve agravada por las actuales medidas llamadas
“de conciliación”, que ofrecen dos caminos divergentes: uno para las personas “con
responsabilidades familiares” (mujeres), que se ven impulsadas a tomar excedencias y
reducciones de jornada, y otra para las personas “sin responsabilidades familiares” (hombres),
sometidos a jornadas interminables. La “solución” de los cuidados en base a los mal
llamados “derechos de conciliación” dificulta enormemente la organización de las empresas
que contratan extensivamente mujeres (penalización frente a las que tienen plantillas
masculinas). La consecuencia (indeseable pero cierta) de estas regulaciones es un aumento
de la segregación por sexos del mercado de trabajo. Dicha segregación es tanto horizontal
(con sectores laborales muy feminizados donde predomina el tiempo parcial y otros sectores
masculinos con jornadas muy largas) como vertical (ya que esas medidas actúan como filtro
para la promoción laboral de las mujeres en general, y no solamente para las madres). Si
además las empresas se benefician de subvenciones por contratar a mujeres a tiempo parcial,
este efecto perverso se multiplica.
El despilfarro del talento femenino es importante, pues no solamente los empleos a tiempo
parcial son en general precarios sino que las interrupciones arruinan para siempre la
posibilidad de muchas mujeres de volver a reintegrarse en su profesión. Por otro lado, las
jornadas largas no son productivas y originan múltiples problemas en las vidas de las personas.
Además de no permitir el desarrollo de las potencialidades productivas de las personas en
el mercado de trabajo, y de desaprovechar casi íntegramente el capital cuidador masculino,
la propia organización del cuidado centrado en el hogar es ineficiente. En las sociedades
campesinas de hace siglos, las mujeres cuidaban durante toda la vida a familias numerosas y
compatibilizaban los cuidados con otras actividades productivas.
Pero en la sociedad actual (con alta esperanza de vida, alto nivel de formación femenina,
producción industrial lejos del entorno familiar y reducido tamaño familiar), tiene aún
menos sentido económico que el cuidado exija la des-inserción laboral de una persona (aún
temporalmente o a tiempo parcial, y fuera hombre o mujer). Porque la desinserción laboral,
aunque solo sea de unos pocos años -por ser estos centrales en la vida productiva-, tiene
consecuencias muchas veces irrecuperables para la evolución profesional de las personas
afectadas y para el retorno de la inversión realizada por el Estado y los empleadores en la
formación y desarrollo de todo ese capital humano. Es un derroche injustificado de capacidades
el que muchas personas (mujeres) sacrifiquen su potencial de desarrollo y aportación
profesional a la sociedad para cuidar a una o dos criaturas durante unos pocos años.
Existe claramente una alternativa superior desde el punto de vista de la eficiencia: que los
hombres cuiden igual que las mujeres; que se universalicen los servicios de educación infantil
y de atención a la dependencia; y que se establezcan jornadas a tiempo completo cortas y
racionales. Con este sistema, no solamente todas las personas podrían cuidar y trabajar por
igual, sino que las criaturas y las personas dependientes estarían cuidadas a una ratio mayor
que la actual (más de una o dos por persona), lo cual generaría mayores beneficios para todas
las personas implicadas. De esta forma, con muchos menos recursos se conseguiría mucho más
bienestar social. Y en eso, básicamente, consiste la eficiencia.
Otro aspecto crucial desde la óptica de la eficiencia está relacionado con el hecho de que
gran parte de las políticas familiares actuales potencian en la práctica la economía sumergida.

22

 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

Es el caso de la desgravación por tributación conjunta en el IRPF para los matrimonios, las
prestaciones por cuidados en el entorno familiar, la promesa de la pensión de viudedad,
etcétera. Bien sea por estar condicionadas a la insuficiencia de rentas o por la promesa de
ingresos futuros en función de cotizaciones ajenas, los incentivos a la permanencia en el hogar
son, en gran medida, incentivos a los empleos sumergidos. El empleo a tiempo parcial también
se presta a fraude por parte de las empresas al ser menos controlable por la inspección. El
empleo doméstico registra altas tasas de irregularidad. Finalmente, el propio trabajo dentro del
hogar es también una forma de economía sumergida, en cuanto que no genera ni salarios, ni
cotizaciones sociales, ni impuestos.
A estas ineficiencias se añaden las producidas en el gasto público por la adopción simultánea
de medidas con efectos contrapuestos. Por ejemplo, algunas partidas presupuestarias
incentivan la retirada del empleo de las madres y otras apoyan su mantenimiento en el empleo;
unas partidas producen pobreza y otras están dirigidas a paliar la pobreza. Obviamente, sería
más eficiente ordenar el sistema de tal manera que todas las medidas fueran en la dirección
adecuada y no produjeran efectos indeseados.
También hay que señalar otros fenómenos perniciosos asociados a la desigualdad de género,
como son la desestructuración familiar, la violencia machista, la conflictividad social, la pobreza
infantil, el fracaso escolar o las enfermedades asociadas a la mala calidad de vida de las
mujeres y a los estilos de vida condicionados por los roles de género.
Por último, no se puede obviar que el sistema actual no solamente es ineficiente sino también
insostenible, como hemos visto en el apartado anterior. Basta con mirar a las sociedades
extremadamente desiguales para ver los problemas sociales y económicos que origina la
desigualdad.
En resumen, debemos desterrar para siempre la vieja y aún muy repetida afirmación de que
las mujeres, realizando la mayor parte del trabajo de cuidados y doméstico, le ahorran al
Estado (¿a la sociedad?) la provisión de servicios. Es cierto que sin su trabajo la sociedad no
se sostendría, pero es igualmente cierto que se sostendría en mejores condiciones si no toda
la carga descansara sobre sus espaldas, y que esa es la única opción sostenible a largo plazo.
Ya no basta con agradecer a las mujeres su sacrificio. Es la hora de concederles derechos
completos y repartir todas las tareas equitativamente; no sólo por su bien sino también por el
de la sociedad en su conjunto.
UN SISTEMA DE CUIDADOS OBSOLETO: DÉFICIT SOCIAL Y DEMOCRÁTICO
Nuestro sistema de protección social se diseñó pensando en un mundo que ya no existe. A
mediados del siglo XX la referencia eran los derechos laborales y la cobertura social de los
riesgos de pérdida del salario del “trabajador”, al que se suponía cabeza de familia con mujer
a cargo y posiblemente criaturas. Aunque ni siquiera entonces el tándem “marido proveedor
y esposa dependiente” era el único modelo familiar, sí era mucho más frecuente que ahora y,
en cualquier caso, constituía el “modelo ideal” de referencia. Las mujeres tenían seriamente
restringidos los derechos civiles, así como el acceso a la educación y al empleo. El cuidado,
tanto infantil como de personas dependientes, se consideraba un asunto privado sin conexión
con el sistema de derechos: era responsabilidad del “ama de casa”. Complementariamente, el
“cabeza de familia” era el sujeto titular de derechos y responsable del mantenimiento familiar,
por lo que recibía ayudas por “cónyuge a cargo” y/o, por hijos/as.
Esta realidad social se ha trasformado profundamente en las últimas décadas. La demanda
de cuidados es mucho mayor (tanto de atención a la dependencia como infantil, esta última
porque ha aumentado el número medio de horas de cuidado); el tamaño familiar ha disminuido
y se ha diversificado (en particular, el número de hogares unipersonales crece a gran ritmo,

23

 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

llegando al 24,2% del total en 201319). Las mujeres se han incorporado masivamente al empleo
y a la vida pública. En resumen, ni la demanda de cuidados puede ser satisfecha en el seno
de la familia, ni es aceptado socialmente que las mujeres tengan que hacerlo sin derechos y
renunciando a su inserción laboral y social.
Pero, aunque la realidad ha cambiado, el sistema de cuidados no ha seguido sus pasos.
Según se ha explicado, se han introducido cambios que van en la dirección de dar incentivos
y facilidades a las mujeres para que “concilien” su empleo con “su” responsabilidad de
cuidados. El resultado varía en función de la casuística concreta: Algunas mujeres no tienen
más alternativa que cuidar a tiempo completo. Otras hacen malabares para compatibilizar
sus empleos con la tarea de cuidar a tiempo parcial. También hay quienes pueden permitirse
emplear en condiciones precarias a otras mujeres que se harán cargo de las tareas de
cuidados. Pero ninguna de las tres opciones atiende adecuadamente la demanda de cuidados.
La consecuencia es un déficit social tanto respecto a los colectivos demandantes de cuidados
como respecto a las mujeres que se encargan de provisionarlos.
La contrapartida del déficit social es que una serie de colectivos ve cercenada su oportunidad
de disfrutar de los mismos derechos que el resto de la población. La legítima y necesaria
demanda de cuidados de la población dependiente y la infancia, por una parte, queda
desatendida, lo cual atenta contra sus derechos. Las mujeres, sea cual sea la estrategia
personal o familiar por la que opten para hacerse cargo de “sus” tareas de cuidados, se ven
negativamente afectadas por esta responsabilidad. Los hombres, por su parte, tampoco
pueden ejercer sus derechos al cuidado. Las familias, en suma, carecen de una red de
protección y derechos que les permita tener las criaturas deseadas, lo que además de
frustraciones personales genera una grave crisis demográfica. El hecho de que estos colectivos
se vean privados de sus derechos supone un grave déficit democrático, como explicamos a
continuación.
Las personas dependientes dependen actualmente de que otras personas les ayuden a suplir
su falta de autonomía funcional, pues la sociedad no les garantiza un derecho tan básico que
debería formar parte ineludible de la condición de ciudadanía. Las situaciones de dependencia
también generan estragos en contextos familiares en los que resulta complicado o imposible
hacerse cargo de los cuidados necesarios, con el consiguiente impacto no sólo sobre las
familias afectadas sino también sobre la persona dependiente. No puede considerarse completo
un sistema de bienestar que excluye a las personas dependientes.
La infancia ve vulnerados sus derechos a causa del actual sistema de cuidados: derecho
al cuidado por parte de su padre; a la educación infantil (que es, además de un derecho
democrático, fundamental para mitigar el efecto de las desigualdades sociales sobre la
formación de las criaturas); a una vida libre de pobreza y de violencia; y, en definitiva, a una
familia igualitaria y en armonía. El sistema actual refuerza el viejo papel de la familia como
primera escuela de desigualdad.
Los hombres se ven apartados de los cuidados y extrañados de sus familias desde el mismo
momento del nacimiento de una criatura. El permiso de paternidad es la octava parte del de
maternidad, dos semanas que son necesarias para el periodo de la recuperación de la madre
del parto. Así el padre, por mucho que haya cotizado, no tiene un permiso que le permita
quedarse a cargo del bebé durante un periodo igual al de la madre. Periodo que, según las
evidencias disponibles en otros países, es crucial para el desarrollo del apego paterno, el cual
favorece una relación paterno-filial más saludable a lo largo de toda la infancia
Las empleadas de hogar constituyen el único colectivo laboral por cuenta ajena que no
está protegido por el Estatuto de los Trabajadores. Este es un caso ejemplar de cómo la
especialización de las mujeres en el cuidado erosiona los derechos. La legislación laboral
actual, reforzada por las leyes de extranjería, prevé un régimen deplorable para las personas
19 http://ine.es/prensa/np837.pdf

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que se dedican profesionalmente a la provisión de tareas domésticas y de cuidados. Así, un
gran contingente de empleadas de hogar a bajísimo coste funciona como colchón para que una
parte de mujeres profesionales pueda mantenerse a duras penas en sus empleos sin mayor
conflictividad. Esta alternativa, al alcance de sólo una minoría de la población, genera empleos
sin derechos, una situación intolerable en democracia.
Las llamadas “cuidadoras informales” son otro caso paradigmático. Resulta evidente que la
mayor parte de las personas que llevan a cabo tareas de cuidado en casa no cuentan con
las condiciones que consideramos garantías mínimas de ciudadanía: sin salario ni jornada
establecida (muchas son de 24 horas), sin descanso semanal ni vacaciones, sin bajas por
enfermedad y, en suma, sin los derechos básicos asociados a cualquier actividad laboral.
Pensemos, por ejemplo, en la imposibilidad para las cuidadoras familiares de adquirir derechos
futuros asociados al riesgo de ausencia de rentas por finalización de la actividad, cuando
sabemos que, por definición, la tarea desarrollada está abocada a terminarse. En lugar de
generar derechos, este modelo exige a las cuidadoras una interrupción de la actividad laboral
que con alta probabilidad les impedirá volver a su situación anterior en el empleo. El sistema
actual, que se apoya en las cuidadoras informales como pilar fundamental, no prevé la
existencia de prestaciones para ex-cuidadoras, solo para cuidadoras, de cuantía insuficiente,
derechos incompletos y duración limitada a la de la actividad de cuidado.
En cualquier caso, la sociedad ha asumido que las mujeres tienen derecho a un ingreso
propio digno y en igualdad con los hombres. El problema es que ese principio no se aplica.
Actualmente, según documentan autoras como Diane Sainsbury20, en ningún país las
prestaciones que han ido estableciéndose para el cuidado en casa proporcionan a las
cuidadoras ni los ingresos ni los derechos suficientes para una vida digna. Las reducciones de
jornada, excedencias y permisos para las mujeres, que facilitan su especialización en el cuidado
familiar en detrimento de sus propios derechos, forman parte del problema y no de la solución.
Todas las mujeres ven quebrantado su derecho a la igualdad de género en el empleo. La
especialización femenina en los cuidados supone un lastre para la inserción laboral de todas las
mujeres pues, como ya hemos señalado, les hace aparecer ante el empresariado con el cartel
de “menos disponible”, más allá de que en realidad tengan o no cargas familiares.
Por último, y no menos importante, hay que considerar que las políticas actuales no solo
impiden materialmente la igualdad entre hombres y mujeres sino que educan diferencialmente
desde la más tierna infancia, forjando hombres que son ajenos e incluso rechazan el mundo
de los cuidados: cosas de niñas, de mujeres, que se les enseña a desdeñar. Aunque las mujeres
se van incorporando al poder, este sigue siendo eminentemente masculino e impermeable a
estos temas. Así, El Legislador sigue legislando según un modelo injusto que no se adapta a la
realidad, apuntalándolo y reproduciéndolo.

20  Sainsbury, Diane (1999), Gender and welfare state regimes, Oxford University Press

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IV. PROPUESTA DE UN NUEVO SISTEMA DE ATENCIÓN
A LA INFANCIA Y A LA DEPENDENCIA: ATENDER LAS
NECESIDADES Y RECONOCER LOS DERECHOS
Como se ha explicado, tradicionalmente el Estado no se ocupaba de las necesidades de
atención a la infancia y a la dependencia, sino que estas se consideraban responsabilidad de
las mujeres en el seno familiar. Con la incorporación de las mujeres al empleo formal se han ido
habilitando un conjunto de medidas de distinto signo y efectos. Según el protagonismo de unas
u otras medidas, cada país ha ido configurando su sistema de organización de los cuidados.
En los apartados precedentes hemos analizado los problemas que originan unas políticas que,
por acción u omisión, favorecen un sistema de cuidados obsoleto, ineficiente, insolidario y
antidemocrático. Es la hora de dar un golpe de timón para desterrarlo y apostar decididamente
por otro que responda a las necesidades y a los valores de la ciudadanía española actual. Este
apartado se dedica a explicar las bases de ese nuevo sistema, así como las medidas necesarias
para conseguirlo.
LOS PRINCIPIOS DE UNA POLÍTICA SOCIAL INTEGRADORA
La perspectiva del cambio que proponemos se apoya en la amplia experiencia internacional
acumulada hasta la fecha. En la segunda mitad del siglo XX se forjó un pacto social que
permitió un desarrollo importante de los sistemas de bienestar en Europa. Sin embargo, el
desarrollo de estos sistemas ha sido desigual. Sólo los países escandinavos, liderados por
Suecia, apostaron por la integración de todas las personas y de todas las necesidades en un
sistema de bienestar radicalmente inclusivo; y aún este país tiene camino que recorrer.
En los demás países europeos se fueron construyendo sistemas de impuestos, prestaciones y
servicios públicos menos potentes y sin un cuestionamiento de la estructura familiar patriarcal;
conviviendo con rasgos importantes del viejo sistema.

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Durante las últimas décadas, cuando aún el desarrollo de los sistemas era incompleto, la
ofensiva neoliberal y neopatriarcal ha intentado desmontarlos, y para ello ha desencadenado
una guerra ideológica contra las bases del consenso social en el que se basan. Es necesario,
pues, aplicar las evidencias empíricas que nos brinda la experiencia histórica para realizar
una doble tarea: recuperar los principios de la política social integradora, y aplicarlos
coherentemente.
El primer principio es el de solidaridad, que se sintetiza con la idea de “a cada cual según
sus necesidades”. Este principio está basado en la evidencia de que la inmensa mayoría de
la población no puede cubrir los riesgos sociales individualmente. Sin embargo, la ideología
neoliberal trata de hacernos volver al individualismo, al sálvese quien pueda del capitalismo
salvaje, al empleo sin derechos y sin protección social propios de una sociedad insolidaria.
El segundo principio es el de capacidad, que se resume en “de cada cual según sus
posibilidades”. En efecto, la sociedad necesita la contribución de todas las personas en función
de su renta y de su disponibilidad.
El tercero es el principio de la ciudadanía universal e individualización de derechos y
deberes, que supone reconocer el objetivo de que todas las personas sean independientes
económicamente toda su vida y con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.
La aplicación correcta de estos principios, inseparables, conduce a la extensión de los
sistemas de bienestar actuales liberándolos de los lastres del pasado. En el nuevo sistema, los
objetivos económicos van en consonancia con los objetivos de bienestar social. Así, un sistema
de impuestos progresivos y cotizaciones que abarque a todas las personas y a todas las
actividades es, a la vez, garantía de derechos y de recaudación suficiente para una adecuada
protección social. Para ello, es importante que las políticas sociales estén diseñadas de tal
forma que no creen incentivos adversos a la integración de todas las personas en el sistema
de impuestos y cotizaciones, como sucede actualmente con algunas de las políticas que
analizaremos a continuación. La lucha contra la economía sumergida es, en definitiva, la lucha
por los derechos y por la protección social sin exclusiones.
A partir de estos principios básicos de la política social, es posible ofrecer una alternativa de
atención a los cuidados que integre a todas las personas en pie de igualdad y que atienda todas
las necesidades. Naturalmente, el cambio debe implementarse con las medidas transitorias
adecuadas, teniendo en cuenta la población afectada y una vez se ofrezcan alternativas.
En definitiva, sin dejar en ningún momento a ninguna persona desprotegida. Por ello, el
sistema de protección social debe considerarse en su conjunto, no como una serie de medidas
independientes unas de otras. A continuación se ofrecen los rasgos generales de este nuevo
sistema de organización de los cuidados equitativo y eficiente.
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: SERVICIOS PÚBLICOS PARA ASEGURAR EL DERECHO
DE TODAS LAS PERSONAS A LA AUTONOMÍA FUNCIONAL, A LA INDEPENDENCIA
ECONÓMICA Y AL EMPLEO DE CALIDAD
La autonomía funcional es un derecho básico que todas las personas deberían tener asegurado
por parte de los servicios públicos sin depender de otras personas. Por otro lado, nadie debería
verse presionada/o a abandonar su empleo para proporcionar cuidados de larga duración
(asunto distinto son los casos de emergencia familiares puntuales). Además, ninguna categoría
laboral debería estar fuera de los derechos básicos. Finalmente, las personas deberían tener
tiempo para proporcionar a sus familiares dependientes afecto y cuidados, voluntariamente y
sin sacrificar su propia vida.
Todos estos derechos siguen vulnerados. La Ley de Dependencia de 2006 establece el
derecho a la provisión de la autonomía funcional por los servicios públicos y declara que la

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prestación por cuidados en el entorno familiar debería restringirse a casos excepcionales. Sin
embargo, estos servicios no se han desarrollado. Ya antes de los actuales recortes, el 89% de
las personas que necesitaban cuidados declaran que sólo los reciben con carácter informal, y
solamente el 4% exclusivamente de los servicios públicos21. En la realidad, la mayoría de los
casos se han canalizado hacia la prestación por cuidados en el entorno familiar22.
Así, con la exigua remuneración que prevé la Ley para las cuidadoras o sin ella, alguna mujer de
la familia se ve presionada a cuidar a tiempo completo cuando existe una persona dependiente
en la familia. Cuando termina la necesidad de cuidado, la cuidadora se encontrará sin empleo,
sin ingresos y sin protección social. Solo una minoría de las familias puede permitirse el recurso
al empleo precario de las empleadas de hogar. Este sistema es injusto tanto para las personas
dependientes como para las personas cuidadoras, sean estas últimas familiares o empleadas.
Un sistema que pivota en torno a la figura de la cuidadora informal es discriminatorio también
para las personas dependientes que no tienen acceso a una mujer a la que convertir en su
cuidadora, lo que es cada vez más frecuente debido a la reducción del tamaño familiar. Lo
que sucede en los países que optan por esta vía es que muchas personas son deficientemente
atendidas, y otras se ven obligadas a recurrir a los servicios de asistencia social para pobres,
que siempre son de baja calidad.
La única fórmula que soluciona esta serie de problemas se basa en tres medidas:
a.  Universalizar el derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la
dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, y establecer un plan de
implantación progresiva.
b.  Eliminar el Artículo 18 de la Ley de Dependencia que prevé la prestación por cuidados en
el entorno familiar, acabando con la injusticia que supone el sacrificio de las mujeres de
la familia.
c.  Equiparación de las empleadas de hogar al resto de personas trabajadoras. Un sistema
que asegure los servicios públicos podrá ofrecer empleos dignos a estas personas.
La experiencia internacional nos muestra que existen dos formas alternativas de enfocar la
atención a la dependencia, y que es necesario optar por una de ellas.
•  Suecia declaró el derecho universal de todas las personas a la autonomía funcional en
1970, y desarrolló el sistema progresivamente a lo largo de las dos décadas siguientes.
A la vez, eliminó las prestaciones por cuidadoras en el entorno familiar (como las que
hay actualmente en España). También al mismo tiempo, reconoció derechos laborales a
las empleadas de hogar a todos los efectos. El resultado es que en Suecia, como regla
general, las personas dependientes son atendidas por los servicios públicos a domicilio o
residenciales, y tanto la figura de la cuidadora familiar como la de empleada de hogar son
casi inexistentes.
•  En Alemania, en cambio, la familia es legalmente responsable de la provisión de cuidados.
Existe un seguro de dependencia obligatorio, pero su finalidad es proporcionar ayuda
financiera a la familia y “respiro” a la cuidadora, sustituyéndola por unas horas a la
semana. En resumen, es un sistema que se basa en la figura de la cuidadora familiar y en
el trabajo precario de las empleadas domésticas.
•  En España, la Ley de Dependencia (Ley 39/2006 “de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia”) declaró la intención de garantizar
la atención integral por parte de los servicios públicos, como Suecia o Dinamarca, pero
21  Navarro, Torres y Garzón (2011): Hay Alternativas. Sequitur
22  Además, cuando se concede atención a domicilio, esta es exigua (actualmente se están concediendo 60 horas
mensuales para el grado máximo de dependencia) y alternativa a la prestación, por lo que en realidad solo actúa
de “respiro” para la(s) cuidadora(s) familiares no declaradas.

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en la práctica puso en pie un sistema fuertemente basado en la figura de la “cuidadora
informal”, al estilo de Alemania.
MATERNIDAD Y PATERNIDAD: PERMISOS IGUALES, INTRANSFERIBLES Y PAGADOS AL
100% PARA CADA PERSONA PROGENITORA
En toda Europa los gobiernos y los organismos internacionales declaran que hombres y
mujeres deben ser corresponsables en el cuidado. En España, como explicamos en el primer
apartado, la gran mayoría de las personas declara en las encuestas que su familia ideal es
aquella en la que ambos miembros de la pareja se dedican igualmente al empleo y a la atención
de las criaturas.
Sin embargo, en nuestro país los padres solo tienen derecho a dos semanas de permiso
de paternidad, la octava parte del permiso de las madres. Pasadas esas dos semanas de la
recuperación del parto, es la madre la que se queda cuidando en solitario mientras el padre se
va a trabajar.
¿Cómo es posible que se niegue a los padres el derecho a cuidar a sus criaturas en igual
medida que las madres? ¿Cómo es posible que se niegue a las criaturas el derecho a ser
cuidadas por sus papás? A pesar de las declaraciones de los gobiernos a favor de la igualdad y
de la corresponsabilidad, en la práctica el mensaje está claro: el cuidado es cosa de las mujeres
y no de los hombres.
Por otro lado, ¿cómo es posible que los gobiernos declaren como objetivo la igualdad en el
mercado de trabajo, y sin embargo mantengan esta enorme fuente de desigualdad? Mientras
los hombres no se ausenten en la misma medida de sus puestos de trabajo, las mujeres
seguirán llevando en la frente el cartel de “menos disponible para el empleo que un hombre”.
Para atajar estos problemas, la primera condición necesaria es la equiparación del permiso de
paternidad con el de maternidad. Para ello es necesaria una ley de reforma de los permisos que
declare el objetivo de dicha equiparación y establezca el calendario para aumentar el actual
permiso de paternidad de 2 semanas hasta las 16 semanas que ya tienen las madres2323.
El permiso es igualmente necesario para todas las personas progenitoras: mientras que los
cuidados de larga duración a personas dependientes pueden solucionarse de tal manera que
ninguna persona tenga que renunciar a su empleo, las criaturas sí necesitan atención en el
hogar durante los primeros meses. En consecuencia, todas las personas (padres y madres)
tienen que tener su permiso para atender a sus criaturas.
La evidencia empírica nos enseña que, para que este derecho sea efectivo, el permiso debe ser:
a.  Igual para cada persona progenitora, independientemente de su sexo, orientación sexual
o tipo de familia, en consonancia con el objetivo de igualdad y corresponsabilidad en los
cuidados.
b.  Intransferible, como son todos los demás derechos laborales y sociales, y más si cabe en
este caso en el que madres y padres pueden verse coaccionados por el entorno y por las
empresas para que los padres se lo cedan a las madres.
c.  Pagado al 100% del salario, para que ninguna persona se quede sin ingresos por hacer
algo tan necesario y beneficioso para toda la sociedad como es el cuidado de una
criatura.
d.  Todas las personas deben tener la misma protección de sus derechos de maternidad

23  Más información en la web de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción
(PPIINA): www.igualeseintransferibles.org

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y paternidad. Esto incluye la prohibición del despido para padres y madres durante
un tiempo prudencial alrededor de su permiso. Si la protección afecta igualmente a
hombres y a mujeres, no provocará discriminación en el empleo.
Además de ser justa, la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad es una
vía necesaria y privilegiada para implicar masivamente a los hombres en el cuidado al mismo
nivel que las mujeres24. Aunque el permiso de dos semanas ha conseguido que los padres
actuales estén menos ausentes, solamente cuando puedan quedarse a cargo del bebé durante
un periodo suficiente se iniciarán verdaderamente en el cuidado. Se observa que los padres que
se han tomado un permiso de paternidad largo se implican más en la atención posterior a las
criaturas y a las personas dependientes.
La experiencia internacional muestra que los padres se toman masivamente los permisos
intransferibles y bien pagados (como en España el permiso de paternidad de dos semanas). Y
cuando estos permisos son más largos que el periodo de recuperación del parto, se turnan con
la madre para cuidar al bebé y están satisfechos con la experiencia. Sin embargo, los hombres
como regla general no se toman los permisos transferibles (como las 10 semanas últimas
de permiso de maternidad en España) ni los que no están bien pagados (por ejemplo las
excedencias por cuidados que hay en España).
•  En Islandia se concedió un permiso intransferible y bien pagado de 3 meses a los padres,
que se implantó progresivamente entre 2000 y 2003. Inmediatamente se lo tomaron
un 80% de ellos. Esta medida cambió las mentalidades en poco tiempo, y ahora los
padres islandeses que no usan su permiso para turnarse con la madre en el cuidado son
socialmente considerados “malos padres”.
•  En Suecia, en 1974 se equiparó el permiso de paternidad con el de maternidad, ambos
pagados al 80% del salario, pero se estableció la posibilidad de que pudiera transferirse
el derecho entre progenitores. Inmediatamente la inmensa mayoría de los padres se
lo pasaron a las madres. Los hombres suecos no empezaron a tomarse masivamente
permisos hasta que no se establecieron los llamados “meses del papá” intransferibles (si
no los toman los pierden), uno desde 1995; dos desde 2002.
•  En España, en 2012 el Congreso de los Diputados votó por unanimidad una Proposición
No de Ley reconociendo que los permisos deben ser iguales e intransferibles25. Es decir:
que el permiso de paternidad debe aumentarse a 16 semanas. Sin embargo, el permiso de
paternidad sigue siendo de dos semanas, la octava parte que el de maternidad.
EDUCACIÓN INFANTIL: SERVICIOS PÚBLICOS PARA ASEGURAR EL DERECHO DE TODAS
LAS CRIATURAS DESDE LOS 0 AÑOS
Para que ninguna persona tenga que quedarse sin ingresos, es necesario asegurar que todas
las criaturas tienen plaza en una escuela de educación infantil pública de calidad desde el
día siguiente a la finalización de los permisos de sus progenitores/as. Es importante que esta
escuela sea gratuita y ofrezca horarios suficientes. Además, debe estar situada cerca del
domicilio familiar, de tal manera que la familia pueda organizarse para compartir el cuidado y
que la criatura no se vea sometida a viajes cansados y contaminantes.

24  Para mostrar la gran eficacia y popularidad de esta medida, destaquemos que aproximadamente el 85% de los
padres (con derecho a ello) se toman sus dos semanas de permiso de paternidad (intransferible y pagado al
100% al igual que el de maternidad). Actualmente, del número total de permisos de paternidad y maternidad
concedidos el 46% corresponden a padres (aunque eso supone mucha menos proporción del tiempo total disfrutado). En cambio, solamente el 8% de las excedencias fueron solicitadas por hombres, y menos de un 2% de
padres se toman algún día de las 10 últimas semanas del permiso de maternidad, que son transferibles.
25 http://www.igualeseintransferibles.org/blog/unanimidad-en-el-congreso-todos-los-grupos-parlamentarios-pppsoe-ciu-iu-upyd-grupo-mixto-a-favor-de-los-permisos-iguales-e-intransferibles

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La educación infantil no es solamente una necesidad de madres y padres sino también, y
sobre todo, un derecho fundamental de las criaturas. Está demostrado que la asistencia a una
escuela de educación infantil de calidad mejora la formación de las personas, su capacidad
de relacionarse, su desarrollo cognitivo, su rendimiento escolar y la asunción de valores
democráticos. Un buen sistema de educación infantil es muy beneficioso para toda la sociedad,
pues es una protección contra el fracaso escolar, la exclusión y la conflictividad social, la
desigualdad social y de género.
Entonces, ¿no es una injusticia que solo una minoría se beneficie? En España los
ayuntamientos y comunidades autónomas proporcionan una oferta de educación infantil
que no alcanza ni de lejos a satisfacer la demanda, y con grandes desequilibrios territoriales
y socioeconómicos26. De las escasas escuelas de educación infantil que cumplen ciertos
estándares de calidad, muchas tienen horarios insuficientes y/o resultan inasequibles para
la mayoría. Las familias se ven obligadas a recurrir a guarderías no reconocidas o a arreglos
informales, a escuelas lejos del domicilio, a la sobreexplotación de las abuelas y, una minoría, al
empleo precario de las empleadas de hogar.
La solución es muy simple: basta declarar la universalización del derecho a la educación
infantil desde los cero años para todas las criaturas y establecer un calendario de implantación
progresiva. Además, la educación infantil debe incluirse en el sistema educativo a todos los
efectos. Así, se asegurará la educación de calidad y en pie de igualdad desde el principio, sin
distinción de clase, sexo ni ninguna otra circunstancia. La mayor asignatura pendiente de
nuestro sistema educativo es la extensión efectiva del derecho a los primeros años de vida.
La experiencia internacional nos muestra que en este ámbito podemos distinguir tres grupos
de países:
•  En Suecia, Dinamarca y Noruega la educación infantil está reconocida como un derecho
universal desde los 0 años e incluida en el sistema educativo. Se ha construido un sistema
suficiente para asegurar ese derecho en la práctica.
•  En Alemania la atención a las criaturas de 0 a 3 años se considera responsabilidad de las
madres y, en consecuencia, está fuera del sistema educativo.
•  En España ya la LOGSE (1990) declaró la educación infantil como parte del sistema
educativo, cuyo primer ciclo comprendería de 4 meses a 1 año. Sin embargo, en la práctica
no se han habilitado servicios para atender la demanda, los horarios no son suficientes y
muchas familias no pueden permitirse pagar los precios.
ACABAR CON LA DUALIDAD ENTRE JORNADAS INTERMINABLES Y EMPLEO A TIEMPO
PARCIAL: LA JORNADA DE 35 HORAS SEMANALES CON CÓMPUTO SEMANAL.
Las políticas de empleo deben asegurar el derecho de todas las personas trabajadoras a un
empleo digno, con salario suficiente, con derechos laborales y sociales plenos, con jornadas
que permitan trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar.
Nada de esto ocurre en el actual mercado de trabajo español, y uno de los mayores
desequilibrios es el de la duración de las jornadas. Por un lado hay personas (hombres en su
mayoría) con horarios interminables e incompatibles con el desarrollo de su vida personal y
familiar. Por otro lado, muchas personas están sin empleo o con empleos a tiempo parcial que
no generan ni ingresos suficientes para vivir ni derechos sociales y laborales plenos.
Entre las causas de esta situación dual y perniciosa es determinante la actual política de
tiempos de trabajo. En España la duración legal máxima de la jornada laboral es de 40 horas
semanales, a las que pueden añadirse profusamente horas extraordinarias, y además en
26 http://www.ugr.es/~javera/pdf/DOC%207.%20poli.pdf

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 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

cómputo anual. Esta regulación, unida a otras como la existencia de topes máximos en las
cotizaciones a la Seguridad Social, incentiva a las empresas a abusar de las jornadas largas
e irregulares. Estas jornadas largas no son productivas y ocasionan muchos problemas:
presencialismo improductivo, discriminación entre trabajadores/as, segregación sexual del
mercado de trabajo, problemas de salud, etcétera.
Por otro lado, se incentiva la contratación a tiempo parcial con la excusa de favorecer la
“conciliación de la vida personal y familiar” de las personas que tienen familiares que cuidar.
Actualmente el 74% de las personas a tiempo parcial son mujeres, que están en esa situación
sobre todo por no haber encontrado empleo a tiempo completo (el 61% de las mujeres a
tiempo parcial declaran esa causa, frente al 68% de los hombres a tiempo parcial) o porque
tienen que dedicarse a tareas de cuidados de criaturas o personas dependientes (12% de las
mujeres a tiempo parcial; 1% de los hombres a tiempo parcial)27.
El empleo a tiempo parcial no es trabajo digno porque no proporciona los mínimos derechos
económicos, sociales y laborales. Y, a pesar de esos inconvenientes, en muchos casos ni
siquiera facilita los cuidados, pues las empresas fijan los horarios según su conveniencia.
Los actuales derechos a reducción de jornada por cuidados familiares son muy perjudiciales
para las personas que se ven obligadas a solicitarlos, ya que arruinan sus posibilidades de
promoción y ponen en peligro su puesto de trabajo. Por otro lado, las actuales subvenciones a
las empresas para contratar a tiempo parcial están promoviendo esta figura tan injusta y que
tantos problemas causa.
Es importante considerar que el empleo a tiempo parcial favorece la economía sumergida,
especialmente después de las recientes reformas que han flexibilizado las obligaciones
empresariales de comunicar y limitar las horas extraordinarias. Es mucho más difícil para
la Inspección de Trabajo perseguir el fraude en este tipo de contratos que en los empleos a
tiempo completo.
¿No sería más justo repartir el trabajo equitativamente? Para ello, bastaría con limitar la
jornada laboral máxima a tiempo completo y eliminar los incentivos al tiempo parcial, a la vez
que se ofrecen verdaderas soluciones para el cuidado que respeten los derechos de todas las
personas.
La jornada máxima de 35 horas semanales con cómputo semanal es una pieza clave para
acabar con esta dualidad. Un simple cálculo basta para ilustrar lo descabellado de las políticas
actuales: si en lugar de favorecer un sistema que conduce a que en una pareja el hombre
trabaje 45 horas a la semana y la mujer 25, se favoreciera que todas las personas trabajaran
como regla general 35 horas a la semana, el número de horas semanales totales de esa pareja
sería el mismo; pero esas personas tendrían menos problemas y más seguridad y estabilidad
en el empleo, además de que podrían cuidar a sus criaturas en igualdad. A ello hay que sumar
todas las ventajas colectivas que ya se han ido analizando.
LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL MUESTRA:
•  En países como Suecia, con gran desarrollo y capacidad de negociación de los sindicatos,
la reducción y racionalización de jornadas se ha implantado a través de los convenios
colectivos y de la regulación de los horarios en el sector público. Muchos sectores tienen
jornadas a tiempo completo de 35 a 37 horas semanales. Aún así, la jornada a tiempo
parcial está muy extendida en los empleos feminizados (por ejemplo, todo el sector de
cuidados como regla general está organizado por turnos de 30 horas semanales). Esta
dualidad aún existente es una causa importante de segregación laboral que los gobiernos
tratan de combatir.

27  Encuesta de Población Activa, IV trimestre de 2014.

32

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•  En Francia la Ley de las 35 horas semanales de jornada máxima (promulgada en 2000) fue
muy popular y no existen evidencias de que redujera la productividad. Aunque posteriores
gobiernos han frenado su implantación, se mantiene firmemente arraigada en los sectores
y empresas en los que ya se había adoptado. Un ejemplo de experiencia exitosa que el
neoliberalismo ha ocultado y obstaculizado
•  Alemania, por el contrario, es un caso emblemático de la dualidad entre jornadas
interminables y otras a tiempo “muy parcial”: la jornada legal es de un máximo de 60
horas a la semana (10 horas diarias de lunes a sábado). Por otro lado se favorecen los
llamados mini-jobs, de muy pocas horas y sin derechos laborales.
•  En España existe desde 2003 la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles, que ha señalado repetidamente que las jornadas largas son improductivas,
provocan estrés, problemas de salud, accidentes laborales y de tráfico y no permiten la
vida familiar y personal. En 2012 el Congreso de los Diputados creó la Subcomisión para
el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar
y Laboral y la Corresponsabilidad. Esta comisión ha emitido informes, pero no se ha
adoptado ninguna medida.
ATENCIÓN ESPECIAL A LAS NECESIDADES FAMILIARES SIN CREAR TRAMPAS
DE POBREZA: PRESTACIONES UNIVERSALES POR CRIATURA Y POR FAMILIA
MONOPARENTAL.
Como hemos señalado, las tasas españolas de pobreza infantil son impropias de un país
desarrollado, y en las familias monoparentales son aún mayores. Si ya la mayoría de las familias
biparentales necesita ayuda para la crianza, cuando existe solamente una persona progenitora
la necesidad es todavía mayor; más aún teniendo en cuenta que esa persona es en la inmensa
mayoría de los casos una mujer, y por consiguiente tiene mayor probabilidad de precariedad
laboral, paro o incluso importantes lagunas en su trayectoria laboral. Sin embargo, estas
necesidades no están suficientemente atendidas.
¿Cómo atender a las criaturas y a las familias monoparentales sin incurrir en inequidades
sociales y/o de género y sin introducir distorsiones en la economía? Aparentemente podría
parecer justo establecer prestaciones por estas circunstancias de tipo progresivo, que
beneficiaran solamente o en mayor cuantía a las rentas bajas. El problema, sin embargo, es que
este tipo de prestaciones producen incentivos adversos a la participación de las mujeres en el
empleo declarado, ya que estas podrían ver disminuida la prestación, o incluso perderla, si su
salario aumenta. De esta forma, en la práctica potencian la perpetuación de la dependencia
económica y la economía sumergida. Por otro lado, las desgravaciones por hijos/as en el IRPF
también presentan problemas: en primer lugar no alcanzan a las rentas inferiores al mínimo
exento; y si además son reducciones de la base imponible (en lugar de deducciones de la cuota)
son regresivas, es decir crecientes con el nivel de renta.
La solución consiste en establecer prestaciones universales por criatura, independientes del
nivel de renta y del tipo de familia, así como prestaciones por familia monoparental en función
exclusivamente del número de criaturas a cargo. Esto es lo que hicieron los países nórdicos,
liderados por Suecia, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Además de no
introducir incentivos perversos en el mercado laboral, las prestaciones universales por hijos/
as atienden a todas las criaturas por igual, lo que es coherente con la idea de que su finalidad
es el bienestar de la infancia independientemente de sus progenitores, que serían simples
administradores. Finalmente, si estas prestaciones se financian a través de impuestos está
asegurada la progresividad por esa vía, implicando a toda la población.
Además de estas prestaciones, las familias monoparentales deben ser objeto de especial
atención por parte de los servicios públicos y gozar de preferencia en el acceso a los mismos,
así como apoyo a la integración en el empleo de calidad, que es la mejor prevención de la
pobreza.

33

 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

La experiencia internacional muestra el papel de las prestaciones universales por criatura y por
familia monoparental en la reducción de la pobreza infantil: los países escandinavos registran
las menores tasas de pobreza del mundo para este tipo de familias.
En España, en cambio, la atención a las circunstancias familiares se canaliza mediante
desgravaciones en el IRPF, de las que solamente se benefician las rentas por encima del umbral
del mínimo exento. Además, las desgravaciones por criatura y por familia monoparental son
muy bajas y mucho menores, por ejemplo, que la desgravación por tributación conjunta de los
matrimonios (que es una desgravación inequitativa e ineficiente28).
DERECHOS LABORALES PLENOS PARA LAS ACTUALES EMPLEADAS DE HOGAR
Una sociedad democrática no puede permitirse la existencia de categorías laborales sin la
protección mínima del Estatuto de los Trabajadores: salario mínimo, jornada máxima, descanso
semanal y diario, vacaciones pagadas, protección por desempleo, enfermedad y accidente
laboral, derechos de pensión en igualdad con el resto de las personas trabajadoras, etcétera.
Además de la precariedad económica y de las jornadas agotadoras, este tipo de trabajo se
presta a relaciones serviles y a todo tipo de abusos. El hogar no es equiparable a un lugar de
trabajo normal: la prueba es que la Inspección de Trabajo no entra en los hogares. La empleada
de hogar es una persona al servicio de una familia, con un horario que no permite el desarrollo
de su vida personal y con funciones tan amplias y variadas como las que determine en cada
momento la familia empleadora.
La solución para dignificar el actual empleo doméstico exige dos acciones simultáneas: por
un lado, equipararlo en derechos con el resto de empleos. Por otro, universalizar los servicios
de educación infantil y atención a la dependencia. En este caso se demuestra, una vez más,
que es necesario elegir entre dos modelos incompatibles de organización de los cuidados y de
configuración del empleo; y que los distintos ámbitos que venimos analizando forman parte de
un todo consistente.
La experiencia internacional muestra que los países con menor incidencia del empleo
doméstico son precisamente los nórdicos (especialmente Suecia, donde las cifras son ínfimas).
Estos países ofrecen una buena provisión de servicios públicos, horarios más cortos a tiempo
completo y mayor equidad en el reparto del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y
mujeres. En estos países también existe una regulación laboral que concede derechos básicos
a las empleadas de hogar, y además la tolerancia ante la economía sumergida es escasa. En
el otro extremo se encuentran los países del sur y del centro de Europa, en los que el empleo
doméstico es precario y en gran parte sumergido, y donde otros recursos para el cuidado son
escasos. Así, España está a la cabeza de EU-15 en cuanto a tamaño relativo de este sector,
seguida de Italia, Francia, Alemania y Portugal29.

28  Más explicación en Pazos Morán, María (2013): Desiguales Por Ley. Las Políticas Públicas Contra la Desigualdad
de Género. Ed. Catarata
29  De Villota, Ferrari y Vázquez (2011): Impacto de la crisis económica en el trabajo doméstico remunerado domiciliario y propuesta de medidas de políticas fiscal, social y laboral para estimular su formalización y profesionalización, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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V. EL MOMENTO DEL CAMBIO ES AHORA: VIABILIDAD
ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA
Hemos analizado los problemas que crea el sistema actual de cuidados: no atiende la demanda
creciente, vulnera los derechos de todas las personas y colectivos implicados, y crea grandes
problemas de ineficiencia e insostenibilidad. Hemos argumentado que la única solución a
estos problemas es apostar decididamente por un cambio radical que organice los cuidados
basándose en la garantía universal de servicios públicos y el reparto equitativo entre hombres
y mujeres. La reestructuración del sistema de cuidados en este sentido es un eje estratégico
para salir de las crisis económica, social, ecológica y demográfica. Finalmente, hemos avanzado
las medidas necesarias para ese cambio estructural.
Con las reformas propuestas, los servicios públicos asegurarían la autonomía funcional a
las personas dependientes y, al mismo tiempo, permitirían que todas las personas en edad
y condiciones para trabajar se mantuvieran en sus empleos sin tener que abandonarlos por
cuidados de larga duración. Jornadas laborales cortas a tiempo completo favorecerían la
posibilidad de las personas de proporcionar afecto y atención a sus seres queridos. La atención
a la infancia, por su parte, sí exige la retirada del puesto de trabajo de los progenitores durante
unos meses, pero si esos permisos de maternidad/paternidad/parentales son de igual duración
total para cada persona progenitora, intransferibles y pagados al 100, esa dedicación será
paritaria y el empleo femenino no se verá penalizado.
Frecuentemente se objeta que estas medidas, que suponen el paso a la ciudadanía universal
como base de derechos, originarían una debilitamiento de las redes familiares. Sin embargo,
los datos contradicen esa impresión: en los países en los que el cuidado básico se ha sacado del
hogar y los derechos sociales se han individualizado, hay una proporción mayor de personas
que se ocupan de sus familiares que en los países llamados “familiaristas”. En un estudio que
compara 14 países de la UE30 se concluye que España es el país en el que menor porcentaje de
la población proporciona cuidado informal a personas fuera de su hogar (15%, frente al 42%
30  Rodrigues, Ricardo, Manfred Huber y Giovanni Lamura (eds.): Facts and Figures on Healthy Ageing and Long-term
Care. Europe and North America. http http://www.euro.centre.org/data/LTC_Final.pdf

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en Suecia o el 45% en Dinamarca); pero la media de dedicación de esas pocas personas es la
mayor (20 horas a las semana, frente a 5 en Suecia y Dinamarca).
Esping Andersen31 llega a las mismas conclusiones, lo que le lleva a afirmar: “no es cierto que
una individualización muy avanzada (desfamiliarización), como es el caso de Dinamarca, traiga
consigo un desmantelamiento de las redes de solidaridad familiar. Por el contrario, puede
suceder que un familiarismo muy fuerte, con gran dependencia de la familia para la solución de
los problemas de cuidados, tenga el efecto de que muchas personas se retiren de las redes de
solidaridad familiar porque saben que si les toca será muy duramente”.
Habiendo llegado a este punto del análisis, la única cuestión que queda por dilucidar es la
posibilidad real del cambio. Inevitablemente surge la pregunta: aunque este sea un ámbito
estratégico para el cambio de modelo productivo que necesitamos y para la superación de los
déficits democráticos que aquejan a nuestra sociedad, ¿existen las condiciones económicas,
sociales y políticas para tal cambio estructural en este momento? Responderemos a esta
pregunta a continuación.
LOS CUIDADOS SON UN ELEMENTO CLAVE PARA EL RESCATE DE LAS PERSONAS EN
ESTE MOMENTO DE CRISIS
Todas las reformas que exige el cambio estructural de los cuidados suponen un aumento de la
atención a las familias y a la infancia, y esta atención es más urgente cuanto más se deteriora
la situación económica. Si esas reformas se hubieran emprendido antes, el impacto de la
crisis sería menor; de hecho los países menos golpeados por la recesión son los países con un
Estado de Bienestar consolidado (los países escandinavos). Incluso en Islandia, que sufrió una
bancarrota financiera, la población ha estado más protegida frente al impacto.
Algunas de las medidas propuestas exigen un esfuerzo presupuestario que, teóricamente,
hubiera sido más fácil emprender en el periodo de expansión económica. Por ello, es
comprensible que muchas personas bienintencionadas se dejen convencer por la sistemática
respuesta del poder consistente en que, aún siendo correctas las medidas, habría que esperar
a llevarlas a cabo ‘cuando la situación económica lo permita’32. Ante esa respuesta, conviene
recordar, en primer lugar, que las políticas “de austeridad” no hacen más que profundizar la
recesión, como ya hemos explicado.
Por otro lado, la historia demuestra que no es precisamente en los periodos de bonanza
económica en los que se ha avanzado sustancialmente en la atención de las necesidades
sociales. Al contrario, si comparamos la presente recesión con otras anteriores en España y en
el mundo, comprenderemos que es posible una expansión de los derechos y de los servicios en
medio de crisis profundas. En efecto, España estaba sumida en una profunda crisis económica
cuando, a finales de los años 1970, consolidaba la Seguridad Social (Ley 36/1978) e instauraba
el IRPF moderno (Ley 44/1978), multiplicaba la oferta de plazas en la enseñanza secundaria
pública, ampliaba los servicios públicos sanitarios, modernizaba la Administración Pública,
etc33.
Basta con observar la evolución del déficit social español, frente a los demás países de la UE,
31  Esping Andersen, Gosta (2008), “Modelos de sociedad, demografía, economía y políticas públicas: un nuevo contrato de género”, en María Pazos Morán (ed.), Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el
siglo XXI, Instituto de Estudios Fiscales. http://www.ief.es/documentos/investigacion/genero/Libro_Genero.pdf
32  Por ejemplo la Proposición No de Ley que el Congreso de los Diputados español aprobó en Octubre de 2012, por
unanimidad, reconociendo que los permisos de paternidad deberían equipararse a los de maternidad. http://
www.igualeseintransferibles.org/blog/unanimidad-en-el-congreso-todos-los-grupos-parlamentarios-pp-psoe-ciuiu-upyd-grupo-mixto-a-favor-de-los-permisos-iguales-e-intransferibles
33  También en plena crisis (1983) se extendió la pensión de viudedad a los hombres sin ninguna restricción ni limitación.

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 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

para confirmar este curioso fenómeno: ese déficit se redujo entre 1978 y 1993, año en el que
el gasto social alcanzó el 24% del PIB (el 28% en la UE-15), pero dejó de reducirse a partir de
ese año, y en 2005 era mayor que en 199434. Téngase en cuenta, por tanto, que el esfuerzo de
reducción se hizo precisamente en periodo de crisis, y dejó de hacerse en periodo de bonanza.
¿Qué podría entonces explicar semejante diferencia entre el esfuerzo en política social de esos
dos periodos? Justamente que a partir de 1993 se impone la doctrina neoliberal.
El análisis de la recesión europea de los años 1930, y la década de los años 1940, arroja
aún más luz sobre este particular. En efecto, fue precisamente a partir de la dura lección
aprendida de aquel círculo depresivo cuando se establecieron medidas de protección social
de emergencia, aumentos del salario mínimo, prestaciones por desempleo, leyes de libertad
sindical y otras medidas de protección que se tradujeron en la extensión y consolidación de los
sistemas de bienestar social.
Así, las reformas que no se abordaron durante los primeros años de la Gran Depresión
europea fueron posibles posteriormente con economías mucho más deprimidas35. Después
de mucho sufrimiento, se dieron las condiciones políticas para abordar las medidas de
estímulo económico, de protección social, control de los mercados financieros, etc. Ahora
nos encontramos en una situación comparable. La única cuestión es hasta dónde tendremos
que llegar para que el cambio sea políticamente posible; cuánto sufrimiento deberemos aún
soportar.
ALGUNAS CIFRAS COMPARATIVAS PARA CALIBRAR LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL
CAMBIO
Las reformas que se proponen son fácilmente financiables por varias razones: en primer
lugar, las partidas que es necesario aumentar son ahora escandalosamente reducidas. El
gasto en protección social de España tendría que aumentar sustancialmente aunque solo
fuera para alcanzar la dedicación media de los países de la Unión Europea en porcentaje del
PIB. Ese desembolso es ineludible al margen de la reestructuración del sistema de cuidados,
para reducir el enorme déficit en protección social. En segundo lugar, las medidas propuestas
conllevarán una reestructuración del presupuesto, de tal forma que algunas partidas tendrán
que aumentar sustancialmente pero otras se reducirán. Finalmente, al ampliar la protección
social, reducir la pobreza y la economía sumergida, favorecer el consumo privado y mejorar la
eficiencia económica, es previsible que el incremento presupuestario neto de las reformas sea
menor del esperado a priori.
Conviene repetir que la asunción de las reformas propuestas exigirá un plan plurianual en el
que algunas reformas emblemáticas, de bajo coste y fáciles de implantar se adopten a corto
plazo, como puede ser la equiparación de los permisos de paternidad a los de maternidad;
mientras que otras exigirán un plan de implantación más dilatado; un ejemplo de este segundo
tipo de reformas puede ser el servicio público de atención a la dependencia, que requiere la
creación de una potente red de atención a domicilio y residencial a diseñar y construir con un
calendario más dilatado.
A modo de orientación, y sin salir del ámbito del sistema de impuestos, prestaciones y servicios
públicos, ofrecemos a continuación algunas cifras presupuestarias. La intención de este
ejercicio no es ofrecer una estimación del coste de las reformas, sino solamente calibrar la
dimensión de las partidas actuales. Es necesario subrayar que se trata de una comparación
entre las medidas que existen en los países con sistemas de cuidados como el nuestro y las
que existen en países que han optado por un cambio de modelo de sociedad, que a largo plazo
determina la consiguiente reestructuración de los presupuestos públicos.

34  Datos tomados de Navarro, Torres y Garzón (2011): Hay Alternativas. Sequitur.
35  Ver El Espíritu del 45, película de Ken Loach.

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Como se observa, el gasto actual en las figuras que potencian un estado del bienestar
igualitario e inclusivo son menores que aquellas que contienen incentivos a la desigualdad.
También se comparan con figuras de dudoso efecto como el cheque bebé36 y con operaciones
regresivas como la reforma fiscal de 201437.
a.  Aproximación al gasto actual en partidas presupuestarias que tendrían que aumentar
para completar las reformas propuestas.
Permiso de paternidad: el gasto fue de 201,2 millones en 2014. Su equiparación con el de
maternidad (o sea, aumentarlo de los actuales 13 días a 16 semanas) podría suponer un
gasto adicional de 1.500 millones de euros. Este incremento podría hacerse en un periodo
de varios años, empezando por equipararlo el primer año a las 6 semanas obligatorias
que tienen las madres (lo que podría suponer un incremento de aproximadamente
500 millones38), y añadiendo dos semanas voluntarias más cada año (200 millones de
incremento anual durante 5 años)39.
Prestaciones por hijo/a o menor acogido/a a cargo (excluyendo discapacidad): esta
partida asciende a 330,6 millones de euros en el Presupuesto de la Seguridad Social para
201540. La prestación universal por criatura exigiría un aumento del gasto, precisamente
debido a la escasa dotación actual para la protección de la infancia.
Atención a la dependencia: En 2015 el Estado aportará 1.177 millones de euros. Con esa
partida se atenderá al nivel mínimo a 723.471 personas en situación de dependencia, el
45% de los 1.613.570 solicitantes, con un promedio de 136 euros por persona y mes41. La
universalización de la atención pública exigirá un importante aumento presupuestario, que
se puede realizar progresivamente según un plan plurianual42.
Servicios públicos de educación infantil de 0 a 3 años: la aportación estatal al Plan
EDUCA3 para la extensión de la escolarización de 0 a 3 años ha sido de 100 millones
anuales (condicionados a la aportación de otro tanto por parte de las comunidades
autónomas) entre 2008 y 201243. El gasto total requerirá un aumento a lo largo de varios
años que es difícil estimar porque España no proporciona datos del presupuesto de
educación infantil desagregado por ciclos.
Pensiones no contributivas de jubilación: el gasto previsto para 2015 es de 1.209
36 https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.5.3.160
37 http://singenerodedudas.com/blog/ante-la-reforma-fiscal-que-prepara-el-gobierno-llamamiento-urgente/
38  De esta cantidad, 200 millones deberían estar ya incorporados por la Ley 9/2009. Su suspensión, año tras año
(por un año cada vez) mediante una disposición en la Ley de Presupuestos Generales del Estado es antidemocrática. En particular, vulnera el derecho a la seguridad jurídica de los padres que planifican su paternidad contando
con esa prestación, para encontrarse en diciembre con que se la han quitado.
39 http://www.igualeseintransferibles.org/blog/texto-integro-de-las-ponencias-del-debate-del-pasado-16-feb-2013-sobre-argumentos-economicos-a-favor-de-los-piina100
40 A esta cantidad habría que añadir el gasto fiscal en el IRPF correspondiente a desgravación por descendiente.
Desgraciadamente la AEAT no hace público este dato.
41 http://impactodegeneroya.blogia.com/2014/110601-presupuestos-del-estado-para--a-las-elecciones-con-tacones-y-maquillaje.php
42  Parte de ese aumento está también comprometido en la Ley de Dependencia e incumplido (la LPGE 2015 mantiene suspendido el complemento para nivel acordado con las CCAA), además de la tergiversación que supuso la
orientación de la mayoría de los casos hacia la prestación por cuidados en el entorno familiar (Art. 18), que según
la propia Ley debería ser una vía excepcional. A ello se añade la rebaja de la prestación y la suspensión a posteriori de las cotizaciones a la Seguridad Social por las cuidadoras.
43  Programa actualmente en entredicho:
 http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-12-27/el-gobierno-prorroga-la-ejecucion-del-plan-educa3-hasta-diciembre-de-2014_133636/

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millones de euros. El aumento de la pensión no contributiva de jubilación al mínimo legal
de la pensión contributiva podría suponer, de entrada, un incremento presupuestario de
aproximadamente 880 millones de euros44.
b.  Aproximación al gasto anual en algunas figuras que contienen incentivos a la
permanencia en el hogar y que son problemáticas desde el punto de vista de la equidad,
por lo que a largo plazo desaparecerían en gran parte, como ya lo han hecho en algunos
países:
Tributación conjunta de los matrimonios: En 2015 el gasto podría superar los 3.500
millones45.
Pensión de viudedad: El presupuesto para 2015 es de 20.777 millones de euros (más de la
cuarta parte que el correspondiente a pensiones de jubilación contributiva, que asciende
a 80.816 millones)46. Evidentemente, una parte de este gasto se mantendría a largo plazo,
tanto en pensiones de viudedad todavía en vigor como en pensiones no contributivas
(incrementadas hasta el mínimo de las contributivas) y en la prestación temporal por
defunción.
Cheque bebé: Durante el primer año el gasto público superó los 1.000 millones de euros47.
Reforma fiscal 2014: el Gobierno estima que tendrá un coste de 9.000 millones de euros
en dos años48.
LAS REFORMAS QUE SE PROPONEN YA SE HAN RECONOCIDO COMO NECESARIAS
En nuestro país, la lucha social y feminista ha sido intensa. El resultado es un alto nivel de
conciencia y la consecución de conquistas que nos sitúan entre los países más avanzados
de Europa en ciertos aspectos. Por ejemplo las reglas de paridad en la representación
política, comenzando por las establecidas en la Ley de Igualdad –Ley 3/2007- y llegando a
la obligatoriedad de listas cremallera en las elecciones andaluzas, han conseguido mayor
presencia femenina en las esferas de decisión que los países de nuestro entorno cercano; o
la ley del matrimonio igualitario, que ha convertido a España en el país menos homófobo del
mundo. Sin embargo, el déficit social es evidente; la gran contradicción está entre ese alto
nivel de conciencia y de declaración de intenciones de los gobiernos, por un lado, y por otro el
bloqueo de todas las reformas que afecten al sistema económico neoliberal y neopatriarcal.
A partir del cambio político de 2004 se produjo un fenómeno muy interesante y no
suficientemente analizado hasta el momento. El Presidente Rodriguez Zapatero realizó una
apuesta explícita por la igualdad de género, escenificada con declaraciones mediáticas y gestos
simbólicos como la composición paritaria del gobierno, o la ley contra la violencia de género
anunciada como primera ley y emblema de la legislatura, entre otros. Este gobierno también
llevó a cabo otras reformas de gran impacto en las costumbres, como la Ley del matrimonio
igualitario, la Ley del tabaco o las reformas de las normas de tráfico. En poco tiempo, estas
medidas cambiaron las pautas de comportamiento de la población, así como el nivel de
conciencia y las expectativas de igualdad. Este fenómeno, conocido como “el efecto Zapatero”,
44 Teniendo en cuenta que la PNCJ en 2015 asciende a 367 euros/mes y que la pensión mínima de jubilación contributiva asciende a 634,5 euros/mes.
45 En el Presupuesto de Beneficios Fiscales (PBF) para 2015, la parte estatal del régimen fiscal común asciende a
1.771 millones de euros, a lo que habría que añadir la parte autonómica y la del régimen foral. También habría que
descontar la parte correspondiente a familias monoparentales (que no se desagrega en el Presupuesto de Beneficios Fiscales. No obstante, esta parte es mínima, ya que solo el 3,5% de las declaraciones conjuntas corresponden a este tipo de familias, y su desgravación es mucho menor).
46 http://www.congreso.es/docu/pge2015/ppss2015/Proyecto_2015/TomoCyD.pdf.
47 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/08/07/actualidad/1218060004_850215.html
48 http://www.abc.es/economia/20141120/abci-verde-reforma-fiscal-inyectara-201411202038.html .

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 PODEMOS REORGANIZAR EL SISTEMA DE CUIDADOS

abrió la posibilidad de cuestionarse todas las políticas.
Sin embargo, este proceso se quedó a las puertas de las reformas económicas estructurales
sin traspasar el umbral. Quedaron pendientes las reformas necesarias para cambiar
las condiciones materiales que actualmente reproducen la desigualdad y sus nefastas
consecuencias. Así, aunque los gobiernos proclaman la importancia de la igualdad y de la
corresponsabilidad, en la práctica las políticas públicas dificultan el ejercicio de estos derechos
y aspiraciones de la población, en lugar de garantizar la posibilidad de su ejercicio.
Mientras que en el discurso político se preconizaba la incorporación de las mujeres al empleo
de calidad y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, las políticas llamadas “de
conciliación” se mantuvieron y ampliaron sin cambiar su orientación. Mientras que la Ley
de Dependencia declaraba el derecho a la garantía de autonomía funcional de las personas
dependientes por parte de los servicios públicos, la misma Ley instauraba la prestación por
cuidadoras en el entorno familiar, que en la práctica supuso una vía para el asentamiento de la
“cuidadora informal” como figura central del sistema de atención.
Otras de las reformas aquí planteadas también se reconocieron como necesarias, aunque no
llegaron a llevarse a cabo. Por ejemplo, en el caso de universalizar la educación infantil desde
los 0 años la falta de dedicación presupuestaria anuló las buenas intenciones. En definitiva,
bien por una falta de cambio en la orientación o por restricciones económicas, o más bien
por estas dos razones interrelacionadas, las reformas de ese periodo no llegaron a modificar
la estructura de los cuidados ni a reducir la desigualdad material. Como hemos señalado,
aún cuando nos encontrábamos en un momento de espectacular crecimiento económico y
con superávit presupuestario, ni siquiera se acortó el déficit social español sino que, por el
contrario, este aumentó.
Así, el vector de cambio se truncó a las puertas de las reformas estructurales que nuestro
sistema de bienestar y nuestro modelo productivo necesitaban. Sin embargo la onda expansiva
continuó y, aún cuando la ola de cambio se había revertido, la necesidad de otras reformas
ha sido reconocida posteriormente de forma contundente. Es el caso de la necesidad de la
equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad, que fue votada en el Congreso
por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en 2012. Otras, como la necesidad de
reducción de la jornada laboral máxima, han sido objeto de comisiones parlamentarias y de
declaraciones de miembros destacados de los sucesivos gobiernos.
LA POBLACIÓN ESTÁ PREPARADA PARA EL CAMBIO
Como hemos explicado, la población española se define en las encuestas a favor de la igualdad
y de la corresponsabilidad total en los cuidados. Sin embargo, algunas personas alegan que
estas respuestas no se corresponden con una demanda real y que es difícil que la intervención
en este ámbito logre el apoyo social necesario para compensar (electoralmente) el rechazo que
puede generar en los colectivos más reaccionarios. Sin embargo, la historia demuestra que esta
es una percepción errónea.
Es cierto que las reformas que inciden en las pautas de comportamiento arraigadas y que
desafían los prejuicios ancestrales no suelen ser exigidas con manifestaciones masivas. En
realidad, en política social las manifestaciones masivas suelen ser más bien para defender
los derechos ya conquistados y amenazados, como el sistema de salud o educación. Son los
gobiernos quienes deben traducir las aspiraciones de avance social en medidas efectivas.
Otra objeción suele ser que hay que cambiar antes las mentalidades, y que las declaraciones
a favor de la igualdad en las encuestas de opinión son hipócritas porque no se corresponden
con los comportamientos observados en las estadísticas. Pero estas consideraciones no tienen
en cuenta que, si bien debe haber un estado de opinión favorable al cambio, y en España
lo hay, son precisamente las reformas legislativas las que modifican el comportamiento

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extensivamente. Y esto es aún más cierto, si cabe, cuando se trata de políticas que determinan
las condiciones materiales. Como hemos explicado, en el sistema actual no es posible la opción
individual por la igualdad salvo en casos excepcionales. El cambio social siempre es colectivo.
En todo caso, se comprueba sistemáticamente que cuando los gobiernos realizan reformas
progresistas la aprobación inmediatamente posterior es mayoritaria y entusiasta. Podemos
citar como ejemplos el gran éxito de la Ley de las 35 horas de jornada semanal máxima en
Francia, el permiso de paternidad en todos los países49, el matrimonio igualitario; por no hablar
de los servicios públicos, que son reclamados y defendidos masivamente. De hecho, todas
las medidas aquí propuestas (y todas las medidas progresistas), debidamente explicadas, son
entendidas y aceptadas por la mayoría de la población50; y su puesta en práctica aumenta la
popularidad de los gobiernos que las impulsan. La razón es muy sencilla: se trata de ampliación
de derechos y de profundización de la protección social.
Así pues, no es el electorado sino los poderes fácticos quienes impiden las reformas e impone
sus intereses. Evidentemente, aunque los cambios aquí propuestos aumentarían la eficiencia
económica y serían favorables a la sociedad en su conjunto, eso no quiere decir que le
convengan a las empresas multinacionales y al capital financiero, ni a otros poderes como la
jerarquía eclesiástica o los grupos políticos reaccionarios.
Estos fuertes intereses han impedido el avance, pero la presión es cada vez mayor. Actualmente
existe un desfase creciente e insostenible entre el nivel de conciencia de la población y las
obsoletas estructuras inspiradas en una sociedad que ya no es ni real ni deseada por la
mayoría de la ciudadanía. Por ello, podemos afirmar que se dan las condiciones para el cambio
estructural. Sin embargo, la existencia de condiciones objetivas y subjetivas no es suficiente.
Es necesario configurar un gran pacto social que potencie la discusión de los problemas y la
explicitación de los beneficios sociales de los cambios. Como decíamos, la conformación de ese
consenso es posible porque los cambios son imprescindibles y urgentes para el conjunto de la
sociedad. Solo falta voluntad política para efectuar el golpe de timón que se necesita.

49 Por ejemplo, el permiso de paternidad en España no fue masivamente reclamado, pero ahora la inmensa mayoría de los padres se define por su ampliación. http://www.huffingtonpost.es/2014/11/19/permiso-paternidad_n_6184626.html
50 La experiencia de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPIINA.- www.
igualeseintransferibles.org) es muy ilustrativa a este respecto: desde su constitución, la PPIINA declaró públicamente su oposición a cualquier aumento del permiso de maternidad antes de que el de paternidad hubiera
llegado a equipararse. Una vez que los permisos para cada persona progenitora sean iguales, intransferibles y pagados al 100 podrían aumentarse al unísono cuanto la sociedad considerara conveniente; pero antes es necesario
aumentar el de paternidad hasta llegar a la igualdad. Pues bien, esta postura fue comprendida hasta el punto de
que unos años más tarde (en 2012) consiguió unanimidad en el Congreso de los Diputados.

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VI. LAS AUTORAS
María Pazos Morán es licenciada en Matemáticas por la UCM y máster en Estadística por la
Universidad de Harvard. También ha realizado estudios de postgrado en economía aplicada en
la UAH.
Su experiencia profesional abarca diversos organismos de la Administración Pública española,
el Bureau of Labor Statistics de EEUU y la OCDE. Desde 1993 hasta 1999 compatibilizó
el trabajo como investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales con la docencia en la
Universidad Carlos III.
Su trabajo en la Dirección de Política Social de la OCDE le permitió profundizar en la
comparación internacional de sistemas de impuestos y prestaciones y en la evaluación de sus
impactos sobre el mercado de trabajo, la economía y la configuración social.
Convencida de la necesidad de estudiar los diferentes modelos de organización social, se
centró especialmente en el estudio de los sistemas de bienestar nórdicos, para lo que realizó
estancias temporales en las universidades de Estocolmo e Islandia.
Desde 2004 coordina la línea de investigación ‘Hacienda Pública e Igualdad de Género’ en
el Instituto de Estudios Fiscales. También imparte docencia en diferentes postgrados de
universidades y en organismos públicos.  
Ha publicado sus trabajos en numerosos artículos científicos y en libros como Fiscalidad y
equidad de género. Análisis de los sistemas de impuestos y prestaciones de Chile, Ecuador,
España y Guatemala (Fundación Carolina); Economía e Igualdad de Género: Retos de la
Hacienda Pública en el Siglo XXI (IEF); Política Fiscal y Género (IEF).
En 2013 publicó Desiguales Por Ley. Las Políticas Públicas Contra la Igualdad de Género (Ed.
Catarata), donde sintetiza de forma pedagógica y rigurosa el fruto de su investigación.
Es activista de la Plataforma Por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción

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(PPIINA) y de la plataforma internacional con el mismo objetivo (PLENT). También forma parte
del Consejo Científico de ATTAC y del Fórum de Política Feminista.

Bibiana Medialdea es doctora en Economía por la UCM y experta en Cooperación, Desigualdad
y Desarrollo por la misma Universidad. Ha impartido clase en la Universidad de Valladolid y
trabajado como investigadora en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), el
Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y el Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS).
Actualmente imparte docencia e investiga en el Departamento de Economía Internacional y
Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha participado en varios proyectos de investigación sobre el impacto de género de los sistemas
de protección social en América Latina y en España, concentrándose en el estudio específico
de los llamados Programas de Trasferencias Monetarias Condicionadas. Este trabajo lo ha
realizado dentro del área de `Hacienda Pública e Igualdad de Género´ del IEF.
La mayor parte de sus publicaciones académicas versan sobre la financiarización de la
economía, la crisis y sus impactos. En los últimos años ha realizado varios trabajos de
divulgación económica sobre estos temas, entre los que destaca la coordinación de Quiénes
y son los mercados y cómo nos gobiernan (Icaria, 2011) y ¿Qué Hacemos con la Deuda? (Aka,
2013). También, con el Colectivo Novecento, publicó en 2013 Lo Llamaban Democracia: de la
crisis económica al cuestionamiento de un régimen político (Icaria).
Desde sus primeros años de carrera participa activamente en el movimiento de la economía
crítica. La asociación estudiantil Economía Alternativa fue la entrada a este ámbito de
participación política y aprendizaje. Actualmente comparte reflexiones y trabajo de análisis y
divulgación con sus colegas del Colectivo Novecento. También forma parte del Colectivo Qué
Hacemos y del Consejo Científico de Attac.

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